Guinea Ecuatorial: Libertad para defensores de los derechos humanos

Las autoridades de Guinea Ecuatorial deben dejar de inmediato en libertad a los dos hombres que presiden el principal grupo de derechos humanos del país, han manifestado hoy siete organizaciones que trabajan por la transparencia y los derechos humanos.

La policía detuvo a Enrique Asumu y Alfredo Okenve, que presiden el Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID), el 17 de abril de 2017, por lo que se ha superado ya el periodo de 72 horas durante el que la legislación de Guinea Ecuatorial permite mantener a una persona detenida sin cargos.

Las autoridades tienen un largo historial de hostigamiento, detenciones arbitrarias e injerencia en general en el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial.

“Las autoridades tienen un largo historial de hostigamiento, detenciones arbitrarias e injerencia en general en el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos de Guinea Ecuatorial”, ha explicado Tutu Alicante, director ejecutivo de EG Justice, organización que vigila los abusos contra los derechos humanos en el país.

“Este último incidente pone de manifiesto que las autoridades están dispuestas a pisotear la legislación del país sobre el debido proceso para intimidar y silenciar a los disidentes.”

Las organizaciones que han expresado su preocupación por la detención son Human Rights Watch, EG Justice, Publiquen lo que Pagan, Transparencia Internacional, la CNUCC, la Conferencia Internacional Contra la Corrupción y Amnistía Internacional.

Asumu es el presidente del CEID, y Okenve, su vicepresidente. El 16 de abril, las autoridades impidieron a Asumu tomar un vuelo en la capital isleña del país, Malabo, para viajar a Bata, ciudad del territorio continental. Según un colega suyo que se encontraba allí y su abogado, dijeron que lo había ordenado el ministro de Seguridad Nacional.

Al día siguiente, Asumu y Okenve acudieron al Ministerio, que se encuentra en el mismo edificio que la Comisaría Central de Policía de Malabo. El ministro de Seguridad Nacional interrogó a ambos durante más de cinco horas, afirman dos colegas que los acompañaron y esperaron fuera. Acabada la reunión, alrededor de las seis de la tarde, las autoridades impidieron a Asumu y Okenve salir del edificio y los retienen todavía allí.

La policía ha permitido a sus colegas y a sus familias ver a ambos, y también ha permitido a los dos ponerse en contacto con sus abogados. Pero las autoridades no los han llevado ante un juez en el plazo de 24 horas, como dispone la ley. Tampoco han presentado cargos contra ellos, lo que según la legislación del país debe hacerse en el plazo de 72 horas.

El Ministerio del Interior ordenó al CEID suspender sus actividades indefinidamente en marzo de 2016. Según los colegas de Asumu y Okenve que han hablado con ellos, las autoridades han amenazado con imponerles una multa de 10 millones de francos guineanos (16.000 dólares estadounidenses) por no acatar esa orden.

El Ministerio dictó la orden tras clausurar una reunión de jóvenes por considerar que los participantes habían hecho declaraciones que constituían incitación, acusación que el CEID afirma que es falsa y que tiene una motivación política. Según un representante de la organización, está recurrió contra la orden de suspensión, pero no recibió ninguna respuesta.

EL CEID anunció que reanudaría sus actividades en septiembre de 2016. Un representante de la organización ha afirmado que la suspensión de sus actividades de abril de 2016 tenía una vigencia de sólo tres meses. Desde entonces, ha organizado actos a los que han asistido representantes de varios ministerios.

El gobierno de Guinea Ecuatorial ha presentado una solicitud para sumarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), que agrupa a gobiernos, empresas y grupos no gubernamentales con el fin de promover una mejor gobernanza de los países ricos en recursos fomentando el debate público sobre el uso de los ingresos procedentes del petróleo, el gas y la minería. La EITI dispone que los gobiernos miembros deben “asegurarse de que la sociedad civil goce de un contexto propicio” y “abstenerse de llevar a cabo acciones susceptibles a limitar o restringir el debate público sobre la implementación del EITI”.

Guinea Ecuatorial se ha visto salpicada por escándalos de corrupción, exacerbados por la falta de transparencia en torno a los ingresos procedentes de los recursos naturales.  La suspensión de la principal organización del país dedicada a promover la transparencia y el respeto de los derechos humanos y la detención de su dirección son una mala señal con respecto al compromiso del gobierno con la lucha contra la corrupción, han manifestado las siete organizaciones.

“Estas detenciones convierten en meras palabras las promesas de respetar a la sociedad civil formuladas por el gobierno en su intento de sumarse a la EITI”, ha señalado Elisa Peter, directora ejecutiva de Publiquen lo que Pagan. “Amenazan con echar por tierra la candidatura del país a la EITI y transmiten el mensaje de que el gobierno no tolerará las voces independientes.”

Cuando el CEID reanudó sus actividades en septiembre de 2016, reanudó también su función de miembro del comité conductor nacional formado por funcionarios del Estado, empresas petroleras y la sociedad civil como primera etapa de la solicitud de pertenencia a la EITI. El comité se reunió por última vez el 12 de abril, y el ministro de Minas asistió a un acto que el grupo de derechos humanos celebró el 14 de abril con ocasión de su vigésimo aniversario.

Al intimidar a dos de los defensores de derechos humanos más respetados del país, el gobierno parece estar tratando de silenciar a la sociedad civil en un momento de indignación creciente por la profunda crisis económica del país.

“El gobierno colabora con el CEID cuando quiere fingir respeto por la sociedad civil, pero deja que esta orden de suspensión penda como una espada de Damocles sobre él”, ha manifestado Sarah Saadoun, investigadora sobre empresas y derechos humanos de Human Rights Watch. “Al intimidar a dos de los defensores de derechos humanos más respetados del país, el gobierno parece estar tratando de silenciar a la sociedad civil en un momento de indignación creciente por la profunda crisis económica del país.”