El 10 de julio, el gobierno de Guinea Ecuatorial fue examinado por el comité de Naciones Unidas para los derechos civiles y políticos. Ante la falta de un informe periódico remitido por el estado de acuerdo con sus obligaciones y según el convenio de las naciones unidas para los Derechos Civiles y Políticos, el comité decidió examinar al país mediante la remisión de una lista de 25 preguntas el pasado octubre de 2018. Sin embargo,  el gobierno solo envió una batería de respuestas pocos días antes del examen y al parecer de forma incompleta,  a juicio del comité y de las preguntas adicionales hechas por el comité.

Por eso el comité pidió información adicional acerca de casos específicos de ejecuciones, torturas y discriminación,  mencionando nombres y apellidos. Durante el diálogo interactivo el gobierno no pudo dar respuesta a muchas preguntas, indicando desconocer,  por ejemplo,  casos como la muerte de José Vidal Ndong Micha y de varios ciudadanos extranjeros fallecidos bajo custodia policial.

 En la misma  réplica del comité se le recordó al gobierno,  una vez más, que el examen pretende obtener aclaraciones desmentidos o confirmaciones de información publicada por fuertes públicas y fiables, por lo que el estado parte tiene la oportunidad de ofrecer datos sustanciales y ayudar al comité a realizar las recomendaciones más oportunas posibles.

Asimismo el comité le recordó al gobierno que tenía 48h, de acuerdo con el reglamento, para aportar información adicional. Sorprendió a la sala el argumento utilizado por el gobierno para no poder aportar información adicional en plazo, por el hecho de que estarían volando a Malabo, siendo que el gobierno había tenido desde el año pasado para preparar el informe y sus respuestas. 

En relación a los casos de tortura,  el gobierno reconoció que existían pero intentó justificar los casos como incidentes individuales o aislados, ante lo que el comité solicitó información de reparaciones o indemnización en aquellos casos individuales.

En cuanto a los casos de discriminación, el vice primer ministro tercero, Alfonso Nsue Mokuy, llegó a decir que no había casos de discriminación contra colectivos de homosexuales, ignorando deliberadamente las recientes redadas y decisiones recientes de su gobierno que pretenden perseguir dichos actos.También llegó a decir que los afectados por el VIH SIDA no eran estigmatizados.

En cuanto a los menores,  dijo que los casos existentes de discriminación son debido a prácticas de comunidades extranjeras, olvidando que la protección se debe ofrece a los niños independientemente de su nacionalidad.

En relación a la pena de muerte, en un ejercicio de malabarismo jurídico el Vice-primer ministro, flanqueado por el el ministro de justicia, Salvador Ondo Nkumu, dijo haber remitido un borrador de real decreto al parlamento sobre la abolición de la pena de muerte. Cuando es sabido que un real decreto no puede modificar la constitución que es la que establece la pena de muerte. Se anunció además la reforma del código penal, y la ley de enjuiciamiento criminal, y el comité instó al gobierno a tener a bien remitir los borradores de dichos documentos para poder aportar apoyo técnico. 

Finalmente, el gobierno no respondió a cuestiones como el hecho de exigir una prueba de embarazo a las jóvenes estudiantes para poder matricularse en la escuela. Tampoco respondió a las preguntas acerca de cuántos casos de corrupción se han juzgado y que impliquen a miembros del gobierno. En un nuevo alarde de cinismo, se dijo que había 3 casos en los tribunales siendo juzgados, pero que no se mencionaría a los implicados por respeto a este proceso. Sin embargo, la ley indica que finalizada la instrucción de los procesos, los juicios penales deben ser públicos, sin perjuicio del deber de respeto del derecho a la presunción de inocencia, por lo que cabría simplemente indicar el proceso y los individuos encausados para responder a la pregunta del comité. 

La sesión se cierra hasta el día 12. La delegación del gobierno cruzó la sala para saludar a los miembros de la sociedad civil que se encontraban en la zona dedicada a las ONGs. A pesar de esta aparente amabilidad mostrada incluso por dos veces por el ministro de Justicia, que ya se acercó a la zona de la sociedad civil guineana, la televisión nacional tildó a la delegación de “organizaciones que pretenden manchar la imagen del país.”

Según Tutu Alicante, Director de EG Justice, que asistió a la sesión, “aquellos que torturan a activistas como Joaquín Elo Ayeto, ejecutan a gente como José Vidal Ndong Micha, y disuelven ONGs como CEID son los que manchan con la sangre de los guineoecuatorianos la imagen del país“.

http://webtv.un.org/search/consideration-of-equatorial-guinea-3623rd-meeting-126th-session-of-human-rights-committee/6057764446001/?term=Equatorial%20Guinea&lan=english&sort=date