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Editorial

LA REVOCACION DE FACTO Y EL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA VIOLA LA CONSTITUCION


publicado por: Celestino Okenve el 08/06/2015 21:38:51 CET

 

El decreto del dictador de “disolución total del poder judicial” fue interpretado por el propio Obiang como un despido de algunos miembros de la Corte Suprema. Eso lo sabemos porque días después nombró a un nuevo presidente de la Corte Suprema.

El cese de facto del Presidente de la Corte Suprema, Martín Ndong Nsue, es anticonstitucional e ilegal porque viola el artículo 98 de la Constitución y el artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)

 

Martín Ndong Nsue fue nombrado Presidente de la Corte Suprema el 24 de enero del año 2011. De acuerdo al artículo 98 de la Constitución en vigor, su mandato debía durar cinco años. Su mandato debía finalizar el24 de enero de 2016.

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Martín Ndong Nsue

El nombramiento de Martín Ndong tampoco fue constitucional, porque su antecesor, José Olo fue nombrado en marzo del año 2009 y cesado (ilegalmente) el 24 de enero de 2011, es decir, Oló solo estuvo 2 años escasos en el cargo de presidente de la máxima institución judicial, cuando debería haber estado cinco años.

Martin Ndong dice haber estudiado Derecho en la antigua URSS pero los que estuvieron con él dicen que estudió relaciones Internacionales y no Derecho. No se sabe que fuera Magistrado de Carrera de prestigio académico, requisito exigido por la Ley (LOPJ) para ser magistrado de la Corte Suprema y durante su ejercicio, se le vio muchas veces en actos del partido único de facto PDGE, cosa que la LOPJ prohíbe expresamente en su artículo 194. Fue uno de los jueces del macrojuicio del año 2002 contra Felipe Ondo Obiang, Guillermo Nguema Ela y cientos de detenidos en una acusación de golpe de Estado, juicio que careció de garantías y en el que por cierto se juzgó a un miembro de la Corte Suprema sin seguir las normas sobre aforamiento. A Martín se le oyó decir a los estudiantes detenidos: “…nosotros íbamos a juzgaros y a condenaros” haciendo visible su ignorancia, no ya como juez sino como jurista, pues cualquiera sabe que no se puede hacer una condena previa sin hacer un juicio con las pruebas y garantías debidas, es decir que Martin no conoce las bases del proceso penal y juicio oral. Y antes de eso dijo que los estudiantes habían cometido delito, sin haber sido juzgados todavía y por tanto sin que los jueces hubieran dicho que faltaron a la Ley Penal. Está claro que no ha estudiado Derecho o se ha embrutecido tanto que ya no conoce los principios básicos del Derecho.

En el mes de septiembre del año pasado 2014, los trabajadores de la firma Schlumberger denunciaron a través de medios del exilio, que Martín Nsue se había quedado con 4 mil millones de cfas suyos en un proceso ante magistratura de Trabajo.

José oló Obono, el anterior presidente de la Corte Suprema, también participó en el juicio del supuesto intento de golpe de Estado dirigido, supuestamente, por Simon Mann, actuando de fiscal. Su destitución, entonces, al margen de la Constitución, se cree que fue debido a las desavenencias que empezaron a surgir entre el dictador y él, relacionadas con su “poca productividad” en las demandas contra los extranjeros implicados en el affaire Simon Mann, tras recibir de Obiang mucho dinero para que emprendiera acciones legales en el exterior, acciones que fueron infructuosas o no existieron. El dictador dijo, entre sus allegados que Oló le había estafado y hoy se encuentra procesado por otros motivos nada claros, pero en el fondo se halla la intención de Obiang Nguema de encarcelarle como sea. José Oló hizo los estudios reglados de Derecho en la Universidad Complutense, obteniendo el título de Licenciado. Era miembro del partido CPDS antes de aliarse con el dictador por motivos económicos. Las acusaciones que pesan sobre José Oló no se sostienen y al final, tras su encarcelamiento inicial en noviembre de 2014 por orden del dictador, se encuentra en libertad a la espera de juicio. Esta situación de libertad irrita al dictador y está detrás de la “disolución total del Poder judicial” decretada por él, entre otros motivos.

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José Oló Obono

Antes que José Olo, estuvo como Presidente de la Corte Suprema Sergio Abeso Tomo, Letrado con currículo occidental y con prestigio entre sus compañeros. También fue cesado sin ajustarse al Derecho guineano.

Tras su cese fue nombrado consejero del dictador en materia legal, actuando de hecho como abogado de Estado en los muchos contenciosos internacionales en los que está incursa la familia del dictador. Todos ellos se originaron en su momento por las actuaciones delictivas de los hombres del dictador como Marcelino Ntutumu (Abigui) como es el caso Fitzpatrick o del propio Obiang y de su hijo Teodorín.

Sergio ha logrado guardar un difícil equilibrio entre sus relaciones con una odiosa dictadura y su prestigio como letrado con cierta dosis de ética profesional, equilibrio que no ha conseguido en ocasiones.

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Sergio Abeso Tomo

  Como vemos, los tres últimos Presidentes de la Corte Suprema de Justicia de Guinea Ecuatorial han sido designados y separados sin seguir lo que la constitución y la Ley del Poder Judicial establecen y que en principio garantiza una cierta independencia del poder judicial, al menos al  nivel de los magistrados del máximo órgano judicial. Y sin independencia del poder judicial no hay Poder Judicial verdadero, sino una mascarada.

  ¿Qué ha movido esta vez a Obiang a destituir a una persona que la Ley no lo permite?. Para empezar, el dictador nunca se ha sentido obligado a respetar ninguna Ley. Hemos visto recientemente cómo el parlamento malgache votaba, destituyendo al Presidente Hery Rajaonarimampianina, porque no respetaba la Constitución y por incompetente. Obiang debería ser destituido porque jamás ha respetado la constitución ni las leyes, pero esto por ahora no es posible porque tiene instalada una dictadura férrea y militar.

En el último año, ciertos jueces guineanos han iniciado unos pasos de ajuste a la Ley, desoyendo las presiones de la dictadura para que actúen contra el código penal y la Ley Procesal penal (Ley de Enjuiciamiento Criminal LEC). A pesar de que el sistema judicial guineano, en su conjunto, no sigue lo que la LOPJ establece, como lo relativo a los nombramientos de jueces y magistrados, empero algunos jueces han asumido que deben actuar como jueces verdaderos y no como meros ejecutores de las órdenes del dictador y su familia. Uno de estos jueces fue el que tramitó mi expediente de petición de Habeas Corpus cuando fui detenido en Bata. Otro fue el que lleva el caso Ebola, en realidad dos jueces, que están actuando acorde a la LEC, a pesar de que sus mandamientos no son plenamente ejecutados por la policía y la gendarmería. Otros son los que llevan los casos contra José Olo y Carlos Mangue. Estos jueces forman una lista, en aumento, de jueces que han tomado su mandato de juez con más rigor desde hace 2 años.

El juez que recibió la instrucción policial sobre el caso Ebola, que llegaba al juzgado más tarde que la querella interpuesta por Ponciano Mbomio en nombre del Secretario General de CPDS, estaba procediendo de acuerdo a la Ley, dentro de unos límites estrechos. Al parecer fue llamado por Teodorin Nguema Obiang para que encarcelara a Andrés Esono, pero no lo hizo, no tenía motivos porque la Ley no se lo permitía. Luego fue llamado por la madre de éste, Constancia, pero tampoco le hizo caso. Finalmente fue llamado por el propio Obiang Nguema y ahí pasó algo que ignoramos todavía, pero que implicó al presidente de la Corte Suprema. Obiang debió ordenarle a Martin Nsue que diera orden de detención contra Andrés Esono y éste debió responder que no podía hacerlo porque la Ley procesal no le permitía detener a una persona sin motivos, máximo cuando esa persona era la querellante. Ante esta situación, Obiang, cansado de los jueces, decidió destituirlos, violando su propia Ley como hace siempre.

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Juan Carlos Ondo Angue, el nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia nombrado por el dictador, no es Magistrado, ni siquiera es juez, no tiene prestigio como estudioso del Derecho y por lo que nos han informado, no está licenciado en Derecho.  Todo esto es contrario de las leyes y a la constitución guineanos.

Juan Carlos es hijo de la actual embajadora de Guinea en Madrid, Purificación Angué Ondo.




Fuente: propia

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Véase también la declaración sobre el uso de seudónimos

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