-----------RESUMEN--------

http://web.amnesty.org/library/IndexƐSLAFR240052005

Las acusaciones de tentativa de golpe de Estado contra el gobierno seguidas de detenciones, torturas y juicios injustos no son raras en Guinea Ecuatorial. En las últimas dos décadas Amnistía Internacional ha documentado más de una decena de supuestos golpes y los juicios injustos que siguieron, que en su mayor parte pasaron inadvertidos fuera del país. En contraste, el juicio celebrado entre agosto y noviembre de 2004 atrajo una atención internacional sin precedentes. Esto se debió en parte al perfil internacional de los procesados, aunque probablemente influyó más la nacionalidad y fama de los supuestos financiadores del presunto golpe, contra quienes las autoridades guineanas esperaban también obtener condenas en procedimientos civiles abiertos en el Reino Unido. Sin embargo, y a pesar de la atención mundial que recibió, en este juicio no se respetaron el derecho internacional ni las normas sobre juicios justos y se conculcó la legislación nacional.

En el juicio, 11 ciudadanos extranjeros –cinco sudafricanos y seis armenios– acusados de ”mercenarios” y nueve ecuatoguineanos juzgados en ausencia fueron condenados a largas penas, de entre 14 y 65 años de prisión, tras ser declarados culpables de intentar derrocar el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en marzo de 2004. Otros dos ecuatoguineanos fueron condenados a 16 meses de cárcel.

La detención de los ciudadanos extranjeros y de cinco ecuatoguineanos en la capital, Malabo, y en Bata, la principal ciudad continental de Guinea Ecuatorial, se produjo después de la detención, el 7 de marzo de 2004, de unas 70 personas, en su mayoría ciudadanos de Sudáfrica, en el aeropuerto internacional de Harare (Zimbabue), a quienes las autoridades zimbabuenses acusaron de ser ”mercenarios” que se dirigían a derrocar el gobierno de Guinea Ecuatorial.

Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su oposición a todas las transferencias militares, de seguridad y policiales que contribuyen a que se cometan violaciones de derechos humanos. Los mercenarios actúan fuera del marco de la disciplina militar y del sistema legal, y muy rara vez ellos o quienes les pagan rinden cuentas de sus actos. Sin embargo, cualquier persona acusada de actividad mercenaria tiene derecho a recibir un juicio justo y a que se protejan sus derechos, incluidos el derecho a la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad, y el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Por invitación de las autoridades de Guinea Ecuatorial, una delegación de Amnistía Internacional pudo observar todo el juicio, desde el 23 de agosto hasta el 26 de noviembre de 2004. A la vista de los graves defectos procesales y de la admisión de confesiones presuntamente obtenidas bajo tortura o coacción, los delegados concluyeron que el juicio fue injusto. No se presentó ante el tribunal ninguna prueba que corroborase los cargos formulados contra los acusados, y el tribunal ignoró una y otra vez las denuncias de algunos de los enjuiciados, que alegaron que habían sido torturados durante los interrogatorios.

Los delegados de Amnistía Internacional observaron que el tribunal parecía muchas veces más interesado en obtener pruebas para otra causa civil abierta en el Reino Unido por el gobierno de Guinea Ecuatorial contra varios empresarios británicos a los que acusaba de financiar el presunto golpe.

Tanto durante la fase previa al juicio como en la propia vista judicial, hubo numerosas irregularidades procesales en la aplicación de las leyes de Guinea Ecuatorial, y un flagrante desprecio hacia normas y leyes regionales e internacionales de derechos humanos.

Al parecer, los procesados de nacionalidad sudafricana fueron interrogados por agentes de los servicios de seguridad de Angola, Sudáfrica y Zimbabue, que carecen de jurisdicción en Guinea Ecuatorial. Algunas de las declaraciones prestadas ante estos servicios se utilizaron después como prueba ante el tribunal.

El trato al que fueron sometidos los encausados extranjeros en detención, antes y durante el juicio, incluyó permanecer esposados y con grilletes las 24 horas del día, lo que constituye un trato cruel, inhumano y degradante. Este es el trato que ha predominado después del juicio. Además, los procesados extranjeros permanecieron más de cuatro meses en régimen de incomunicación.

Amnistía Internacional no apoya ni se opone a ningún gobierno, y tampoco apoya ni se opone a las opiniones políticas de las personas cuyos derechos humanos son violados. En el caso de Guinea Ecuatorial, lo único que preocupa a la organización es la protección de los derechos humanos en ese país, que en este caso concreto incluye los de las personas acusadas de intentar derrocar al gobierno.

Este informe se ocupa del juicio de los supuestos ”mercenarios”, su detención y sus condiciones de reclusión, y ofrece detalles de las violaciones de derechos humanos y de las irregularidades procesales que permiten calificar de injusto el juicio. También ofrece algunos breves detalles de otros juicios menos conocidos que se celebraron en el 2004 y que, según informes, fueron asimismo injustos. El informe incluye recomendaciones al gobierno de Guinea Ecuatorial para mejorar la situación de los derechos humanos, especialmente para que los juicios sean conformes a las normas internacionales de imparcialidad. Contiene asimismo recomendaciones a la comunidad internacional.


Este texto resume el documento titulado Guinea Ecuatorial: Un juicio con demasiados defectos (Índice AI: AFR 24/005/2005), publicado por Amnistía Internacional en junio de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto consulten el documento completo. En la URL http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de Amnistía Internacional pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección: http://www.amnesty.orgɛmailɛmail_updates.html

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA


Fuente: Amnistia Internacional

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