Varios miembros de la seguridad y de la presidencia guineana se encuentran en Madrid, donde se les ha visto siempre en grupos, en actitud vigilante.

Frecuentan discotecas de africanos de la capital, a donde llegan en grupos, vigilan a los que entran y no llegan a entrar o si lo hacen no realizan ninguna consumición.

Varios familiares del núcleo duro de la dictadura también se han desplazado ultimamente a España, a donde llegan con una enorme facilidad en la obtención de visados.

El anuncio del ”retorno en libertad” ha podido disparar la alarma en Guinea, donde fuentes internas informan que reina una ambiente de expectación, mientras llegan todos los embajadores que tiene Guinea en el exterior. Casi todos los fines de año, Obiang convoca a todo el gobierno, embajadores incluidos, a unas reuniones cuyo contenido nunca ha sido revelado.

La presencia en Madrid de estos grupos que trabajan en la presidencia, algunos de los cuales realizan frecuentes viajes entre Marruecos y España, deja claro que España, la que dice ajustarse a la ley internacional, no vigila las actividades de los muchachos de Obiang en España.

El gobierno español ha tomado la última decisión sobre el estatuto de refugiado de Severo Moto. Es la primera vez que un gobierno español toma la decisión de retirar el estatuto de refugiado a un exiliado político. En esta ocasión aducen que lo hacen en cumplimiento a la legalidad internacional, ésa que el presidente Obiang viola de forma flagrante desde hace más de 20 años en Guinea.

Desde que la dictadura de Obiang Nguema Mbasogo viola la ley internacional, con numerosos casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, juicios falsos, secuestros de refugiados en el exterior, etc. España jamás ha utilizado los numerosos instrumentos que existen para paliar esta situación que provoca grandes sufrimientos al pueblo guineano. Ni cuando España presidía la Unión Europea ni la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas España usó su influencia para paliar el sufrimiento de los guineanos.

La declaración universal de los DDHH dice claramente que los pueblos tienen derecho a usar la fuerza para apartar del poder a los que lo han usurpado de forma despótica provocando muertes. Parece por tanto que si por un lado y formalmente un refugiado no debería dedicarse a actividades políticas, tiene derecho a luchar contra el gobierno que le provocó la huida. La presencia de Severo Moto en España no supone ninguna merma de la posición española ante las autoridades despóticas de Guinea. España es un país industrial, con un ejército mil veces superior al desorganizado ejército guineano y unos lazos diplomáticos cien mil veces mejores que Obiang. España es miemrbo de la OTAN y de la Unión Europea, fabrica armas, aviones, barcos, coches, etc.. En suma, al lado de Guinea, España es un supergigante.

El derecho humanitario ampara a Severo Moto, al igual que a todos los refugiados guineanos en España, que están obligados a luchar para terminar con la situación que provocó su huida del país.

El derecho español e internacional también obliga al estado español, gestionado ahora por el gobierno del PSOE, a garantizar nuestra seguridad evitando las incursiones de matones y violentos de todo tipo que llegan a Madrid con ánimo de violar nuestra seguridad.

A veces nos preguntamos si los gestores del estado español son auténticos gestores que están para cumplir la Ley o se encuentran implicados en grupos de intereses colusionados que en el fondo subvierten la democracia y el estado de derecho en España. Parece que algunas personas del gobierno español mantienen alianzas con la peor dictadura que existe, olvidandose que son servidores públicos de un estado democrático. Con su acción colaboracionista, que ha quedado en evidencia en el affaire Moto, están poniendo en riesgo a la democracia española. No tienen legitimidad para exigir el cumplimiento de leyes aquellos que coaligados con lo peor subvierten el orden democrático.

Existe otra visión sobre la decisión española. La decisión del gobierno español parece que obedece más a razones internas que al hecho de satisfacer los deseos de Obiang. Severo Moto es una persona muy difícil que puede haber enfadado hasta el cansancio a algunas personas del gobierno español. Obiang no intervendría por tanto en la decisión. Esta es la lectura sosegada que algunos preferimos hacer sobre la decisión española, que seguiría empero falto de legitimidad, legitimidad humanitaria se entiende.

La decisión del ejecutivo español debe llamar a la reflexión a Severo Moto. Todos los que alguna vez hemos reclamado mayor juicio a Severo Moto, hemos sido violentamente agredidos verbalmente por el grupo de Severo Moto. Queriendo proteger y ser solidarios, a veces el propio Severo tienta con su verbo violento y las maneras violentas de algunos miembros de su equipo.

La decisión del ejecutivo español ya ha sido tomada. Solo cabe el recurso contencioso-administrativo, que puede llevar 2 años como mínimo. En el momento en que se recurra ante la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, la decisión del gobierno español queda congelada y Severo sigue disfrutando del estattuo de refugiado hasta que los jueces fallen.

Parece que en el caso de Guinea todos han perdido la cordura: el gobierno español, Obiang, que la perdió hace tiempo y Severo Moto. La situación de éste último debería obligarle a mostrarse más templado y juicioso, casi en actitud monacal.
Mientras tanto los lobeznos de Obiang andan libres por Madrid, con recursos económicos, vigilando a los refugiados políticos y a los disidentes políticos.

Esa CNI tan ”eficaz” en aportar informes sobre Severo Moto, debería mostrar mayor eficacia en vigilar a los matones de Obiang que se encuentran en España.


Fuente: propia

¡Nota importante!
El contenido de los artículos publicados no refleja necesariamente la opinión de la redacción de guinea-ecuatorial.net
Véase también la declaración sobre el uso de seudónimos