EL MINISTRO DEL INTERIOR CIERRA LOS ULTRAMARINOS, BARES Y VENTA AMBULANTE DE EXTRANJEROS

23 enero 2006.-Malabo

Las autoridades guineanas, a través del Ministerio del Interior, han prohibido a los extranjeros tener abacerias (tiendas de ultramarinos), bares y realizar la venta ambulante, según se supo en Malabo el 23 de enero. En la decisión se dice ”los negocios de bares, abacerías y la venta ambulante de mercancías variadas solo quedan reservados para los nacionales guineanos”.

La misma decisión del ministerio del Interior añade que el país está siendo ”víctima en estos últimos años de una constante e intensa inmigración clandestina” y que los ”sin papeles” no pueden justificar la actividad profesional que desarrollan en Guinea Ecuatorial. Estos inmigrantes clandestinos no tienen cuentas bancarias en Guinea para justificar sus medios de susbsistencia mientras que sin embargo transfieren diariamente grandes sumas de dinero a sus países de origen”.

En 48 horas tras la decisión, la mayor parte de las abacerías, casi exclusivamente propiedad de extranjeros de africa del oeste (senegaleses, marfileños, beninenses, ganeses), los bares, propiedad de cameruneses, han sido cerrados mientras los vendedores ambulantes beninenses han desaparecido de las calles de Malabo.

La decisión del ministerio del Interior intenta paliar un malestar general entre los guineanos. Todo el pequeño y gran comercio está en manos de extranjeros libaneses y africanos, que son a su vez miembros de los servicios de seguridad del presidente Obiang. Los libaneses transfieren enormes sumas de dinero sin control, usando la mayor de las veces a los extranjeros africanos, senegaleses en su mayoría. Cualquier extranjero en Guinea tiene más protección que un guineano, sus negocios funcionan gracias al chanteje a que son sometidos muchas veces por militares guineanos, a los que pagan en dinero o prestandoles servicios de vigilancia a los nacionales guineanos.

El procedimiento que ha usado el Ministerio del Interior no se ajusta al estado de Derecho. Un ministerio no puede realizar ningún acto si no ha sido autorizado mediante una Ley para ello. Quiere decir por tanto que es necesario que existan unas leyes que regulen la actividad económica, leyes que al ser de índole económica deben ser prepaeados por el Ministerio de Hacienda y ser después aprobados por el parlamento. Una vez aprobado, el ministerio del interior, encargado de hacer cumplir la Ley, será el órgano ejecutivo para reprimir la actividad económica ilegal.
Asímismo, la inmigración ilegal, que existe y es abundante, es responsabilidad del ministerio del Interior. El ministro debe velar por tanto para que los extranjeros ilegales se legalicen o abandonen el territorio nacional.

Los libaneses en Guinea actúan de forma mancomunada. Hay muchos, demasiados para el número de actividades que llevan a cabo. Ocupan todos los puestos de trabajo de los comercios regentados por libaneses, incluso inventan puestos de trabajo que no son necesarios, a modo de una mafia. Muchos, al igual que otros extranjeros, llevan armas y son miembros del sistema de seguridad presidencial.

Como ocurre siempre, los ministerios realizan actos contrarios al estado de derecho y no asumen su verdadera función. La inmigración clandestina es culpa del ministro del interior, el cual está más ocupado vigilando a los mismos guineanos que haciendo cumplir la Ley. La prostitución salvaje, los crímenes rituales y el incumplimiento de los mandamientos judiciales son los hechos más graves que se dan en Guinea y que son responsabilidad directa del ministerio del interior.

El dinero en Guinea no pasa por los canales normales. Existe un mercado negro del dinero, bancos clandestinos y transferencias clandestinas de dinero. Ultimamente se viene registrando una escasez de dinero metálico a causa de ls enormes transferencias incontroladas que realizan los hombres del régimen y los extranjeros libanes y del Africa Occidental.

Los guineanos en Malabo jamás han podido hacer sus negocios con libertad. El ejemplo de las vendedoras de ropa usada es bastante ilustrativo. La mujer de Obiang dió orden para que echaran a esas mujeres porque hacían competencia a su negocio. A las vendedoras las mandaron a una zona en SEMU donde no habíanada preparado y encima tenían que pagar enormes sumas para tener un puesto, dinero que ingresaba el ayuntamiento que era entonces ”propiedad” de Angabi y que no sigue ningún plan presupuestario ni control fiscal, teniendo que construir ellas los puestos.

Los puestos del mercado municipal de Malabo se asignaron a las mujeres del clan gobernante que luego lo realquilaron a extranjeros africanos a precios elevados. En ese mercado ya no hay vendedores guineanos y los precios de los productos están por las nubes.

La decisión del ministerio del Interior, totalmente ilegal, hace pensar que existe una trampa encubierta. Ahora serán los miembros del clan dictatorial los que se hagan con los bares y ultramarinos y luego lo van a realquilar a los extranjeros. La decisión por tanto encubre un mecanismo de robo del clan.

Una vez más, los dirigentes guineanos no tienen vergüenza. Dice el presidente Obiang que hay libertad para la economia pero no deja que los guineanos que no sean del gobierno puedan realizar libremente sus actividades.



Fuente: propia y de agencias

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