El Nuevo Embajador U.S.A. destinado en Guinea Ecuatorial Debe Pedir Cuentas al Gobierno guineano sobre la Corrupción y Abusos de Derechos Humanos


*Nota de entrrega inmediata de Global Witness y Amnistia International

Washington, DC, 2 de agosto.-

Tras la ratificación el jueves pasado, después de once años, de un nuevo embajador de los EE.UU. en Guinea Ecuatorial, país centroafricano exportador de petróleo, la política de EE.UU. debe empezar por hacer responsable al gobierno represivo de Guinea de la malversación total de su riqueza petrolera y de la falta de respeto de los derechos humanos. Se reabre la embajada cuando GE exporta 420.000 barriles de petróleo al día, principalmente a los EE.UU. La ayuda de los EE.UU. - incluyendo la nueva ayuda militar presupuestada para el año 2007 - debe estar condicionada a progresos demostrables en el ámbito de la transparencia y el buen gobierno.

El lamentable historial de los derechos humanos en Guinea esta bien documentado. En abril, la Secretaria del Estado, Condoleezza Rice, se dirigió al Presidente Teodoro Obiang llamándole ” buen amigo” de los EE.UU, pero pese a ello, los informes del Departamento del Estado han detallado a lo largo de los años la manera en que las fuerzas de la seguridad, bajo la dirección del hermano del Presidente de Guinea, han torturado a presos, a veces hasta la muerte.

La Directora de Programas de Defensa de Amnistía Internacional en EE.UU. para África, Lynn Fredriksson ha manifestado que ”el nombramiento del embajador Johnson es un paso en el buen sentido. Pero la presencia de un nuevo embajador solo será un paso positivo si la política de EE.UU. se basa, a partir de ahora, en objetivos concretos destinados a mejorar las condiciones de los derechos humanos.”

Guinea Ecuatorial también hace frente a graves acusaciones sobre la mala gestión de sus rentas petrolíferas. Con la segunda renta per capita más alta del mundo (50200 dolares anuales), el país está sin embargo en la cola en el índice de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano -- con el 56% de su población sin acceso al agua potable.

La Responsable de Global Witness en los EE.UU., Corinna Gilfillan ha dicho que, ”Guinea Ecuatorial es la dictadura de la que nadie habla. El gobierno ingresa más de 2700 millones de dólares al año por rentas procedentes del petróleo pero la mayoría de sus ciudadanos malvive con menos de un dólar al día. El gobierno de los EE.UU. y las compañías petrolíferas norteamericanas, que son las principales inversoras, deberían abogar por la transparencia y la responsabilidad. Hasta ahora, sin embargo, no han hecho casi nada.”

Desde que las investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo por el Senado de los EE.UU. en el 2004 descubrieron la existencia de más de 700 millones de dólares en cuentas bancarias de Riggs a nombre de miembros del gobierno de GE, poco se ha hecho para combatir la corrupción en GE. Las compañías norteamericanas todavía se niegan a divulgar las cantidades que pagan al gobierno de GE y recientemente, en junio, se informó que se habían firmado con dicho gobierno nuevas cláusulas para favorecer el secreto. Además, el gobierno de GE mantiene todavía cuentas valoradas en $718 millones en paraísos fiscales extranjeros, según el Fondo Monetario Internacional.

Global Witness y Amnistía Internacional (EE.UU.) sostienen que EE.UU. debe basar su política con respecto a GE en una serie de objetivos y metas claras para el progreso de la democratización, de los derechos humanos, y la transparencia fiscal. El gobierno de GE debe:

1. Comprometerse públicamente a llevar a la práctica las recomendaciones del Informe Fiscal Sobre Estándares y Códigos del FMI del 2005, y debe diseñar un plan para el desarrollo de un sistema general transparente de gestión de los recursos.

2. Comprometerse inmediatamente a informar de todos los ingresos recibidos de las compañías de petróleo y gas, y someterse a auditorias independientes de ingresos y gastos.

3. Facilitar el registro de las organizaciones no gubernamentales independientes que trabajan en GE, y permitirles funcionar sin ser perseguidas o acosadas.

4. Como primer paso para mejorar su ejecutoria respecto a los derechos humanos, el gobierno de GE debe permitir el reestablecimiento de la figura del Relator Especial del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, con el mandato de vigilar de cerca la situación de los citados derechos.

Lynn Fredriksson
Corinna Gilfillan
Sarah Wykes

Fuente: Global Witness

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