El decretazo de Obiang sobre el SIDA es discriminatorio, xenófobo y antisocial

Por: Dr. Samuel Mbá Mombé, médico

El decreto presidencial sobre el SIDA difundido en los medios de comunicación estatales el pasado 25 de noviembre es mi a juicio en tanto como profesional de la medicina, discriminatorio, xenófobo y antisocial.

Lo que deberían saber las autoridades de Guinea Ecuatorial es que no se puede dirigir el país a base de órdenes y prohibiciones. Las “estrictas medidas” que ha anunciado el gobierno contra el SIDA son desmesuradas y en ningún caso pueden ser la referencia de lucha contra dicha pandemia. El SIDA es un problema social como lo son el paludismo, la tuberculosis, el alcoholismo, la prostitución y otras tantas enfermedades que hacen estragos y dejan secuelas irreparables en la salud de los guineanos. La solución se encuentra no en la prohibición, sino en el diseño de unas verdaderas estrategias políticas que permitan velar de verdad por la salud de la población.

El gobierno no ha hecho nada en absoluto en el sector de la salud como en otras tantas a pesar de que el país dispone de medios suficientes para mejorar las infraestructuras medico-sanitarias que se encuentran en un estado de ruina total sin equipamientos y un personal sin voluntad de ejercer honestamente su profesión a causa de los miserables sueldos que los pagan. Pues, los guineanos tienen que desplazarse a los países vecinos en busca de asistencia médica cuando en condiciones normales ninguno de esos compatriotas se molestaría a viajar a Camerún por ejemplo para curarse de afecciones que no requieren ni hospitalización ni cuidados especiales.

Yo sé de lo que hablo porque ejerzo como médico en un país vecino y en mi consultorio han pasado decenas de pacientes procedentes de Guinea Ecuatorial. Para el colmo de los males, los exámenes médicos como las radiografías, ecografías ya no digamos por ejemplo, electrocardiografías, endoscopias, fibroscopias, electroencefalografías o el escáner, son prácticamente inexistentes en el país. ¡Vergüenza ajena!

El decreto es discriminatorio siempre que prevé el acceso a los medicamentos antirretrovirales sólo a ciertas personas como son las embarazadas y los niños menores de 15 años. Esta medida es diabólica porque margina a importantes sectores de la población que tienen igual derecho no sólo a los medicamentos antirretrovirales sino también a una asistencia médica cualificada.

“El carné de salud” para los seronegativos es otra medida discriminatoria y escandalosa que convierte a los seropositivos en ciudadanos de segunda clase sin derecho a nada. Los seropositivos así como los enfermos de VHI-Sida merecen igual trato que todos los enfermos, pero el decreto presidencial está muy lejos de este objetivo y lo que se pretende es crear guetos para seropositivos, una verdadera política de apartheid!

El decreto es xenófobo porque obliga a los extranjeros a someterse al análisis de SIDA como condición para obtener el permiso de residencia en el país. Lo que se debería preguntar a los autores de este decreto, es si ellos estarían de acuerdo con que esta medida sea también aplicada a los guineanos que viajen o quieran instalarse en otros países. Sólo en casos especiales (por orden de un juez o por razones de investigación criminal) se puede obligar a un individuo a someterse a ciertos análisis médicos. En el caso que nos ocupa, cada uno es libre de someterse o no a esas pruebas y la confidencialidad de los resultados es inviolable por lo que es una ingerencia descarada del gobierno en el trabajo de los profesionales del sector que supongo que conocen perfectamente sus obligaciones.

El SIDA es como señalo arriba, un serio problema social que requiere la atención del gobierno pero con programas serios de información, formación y financiación del sector concerniente a fin de que la población pueda estar dotada de centros de atención cualificado y de un personal que conoce y sabe hacer su trabajo. Se sabe que la esposa del ex-ministro de Sanidad era o es la responsable de los medicamentos atirretrovirales en el Hospital General de Bata pero los enfermos con VHI no tenían acceso a ellos porque los tenía o los tiene bajo llave y no se sabe a ciencia cierta cómo se distribuyen.

No se puede convertir el país en un campo de concentración. Los individuos deben sentirse libres y responsables de sus vidas y lo que se está demostrando con este tipo de decretos, es la confusión e incompetencia del gobierno de encontrar soluciones a los agudos problemas que tiene el país y que son creados precisamente por ellos. La extrema pobreza en la que vive una inmensa mayoría de la población guineana no puede sino crear espacios para la proliferación galopante de toda clase de enfermedades, siendo el gobierno el responsable directo de esta situación.

El presidente Obiang debe explicar al pueblo el destino de los dineros del petróleo. Si hubiera una mínima distribución equitativa de las riquezas del país y que el gobierno pusiera en marcha unos programas que permitan la participación de los ciudadanos en la reconstrucción nacional, se evitaría muchos comportamientos que conducen a la destrucción física y moral de los guineanos.

El presidente Obiang y su clan de aduladores han impuesto en el país la ley del más fuerte que les permite evacuar y despilfarrar el dinero que nos pertenece a todos comprando mansiones en Estados Unidos, Sudáfrica, sólo para citar algunos ejemplos y la población esperando hasta que Dios quiera.

Los profesionales y responsables del sector: médicos, enfermeros, biólogos, analistas de laboratorio, etc. deben rechazar de plano este decreto porque viola los principios que rige la profesión médica recogidos en el código ético del juramento hipocrático.


Fuente: LD

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