MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Mañana se cumple justo un año desde que se dictó sentencia contra casi 70 opositores ecuatoguineanos acusados de participar en un intento de golpe de Estado y de magnicidio contra el presidente Teodoro Obiang Nguema. El juicio, celebrado en el Cine Marfil de Malabo, fue calificado de ”simulacro”, ”parodia” y ”pantomima” por la oposición y diversas organizaciones de Derechos Humanos, que también denunciaron las torturas a que fueron sometidos los procesados a manos de las autoridades ecuatoguineanas.

En estos 365 días, dos de los condenados han perdido la vida y el resto, cuyas condiciones de vida parecen haber mejorado ligeramente, sigue a la espera de una ”gracia” presidencial que el dictador ha decidido vender muy cara. Mientras, los grupos solidarios esperan una mayor implicación de España en favor de los presos.

El juicio contra 144 acusados concluyó con la condena a 20 años de cárcel de quince de los acusados (entre los que destacaba el principal acusado, Felipe Ondó Obiang, uno de los fundadores de la ilegal Fuerza Demócrata Republicana, FDR); catorce años y ocho meses para otros 18 y seis años y ocho meses (entre ellos al secretario general de Convergencia para la Democracia Social, CPDS, Placido Micó) para más de 30, aparte de 77 absoluciones.

Finalmente no hubo ejecuciones, pese a que el Ministerio Fiscal había solicitado la pena de muerte contra 18 personas, entre ellos Felipe Ondó Obiang y otro de los fundadores de la FDR, Guillermo Nguema Elá.

Se da la circunstancia de que tanto Ondó (presidente del Parlamento con Teodoro Obiang Nguema hasta que cayó en desgracia en 1993) como la gran mayoría de los procesados pertenecen a la tribu de los ńkodjoeñ´, rival de los ´esangui´ (a los que pertenece Obiang) en la lucha por el control del poder en la región de Mongomo, en la zona continental.

MEJORAS Y VENGANZAS

Según indicó a Europa Press la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), la situación de los presos que se encuentran encarcelados en el penal de Black Beach (en el complejo presidencial de Malabo y considerado uno de los más duros de Africa), ha mejorado ligeramente y es incluso ”relativamente confortable”.

Desde el pasado mes de marzo, según ASODEGUE, los presos ”disfrutan” de literas, están en una nave corrida y no en celdas individuales, pueden salir al patio, reciben visitas y comidas de sus familiares y, cuando lo han requerido, disponen de libros y de material de escritura”, señala la asociación. ”A Plácido Micó, se le permite tener libros y escribir”, indicó a Europa Press el portavoz de la asociación, Alfonso Fernández Marugán.

En todo caso, ASODEGUE cree que el régimen de Obiang está llevando a cabo una política de ”venganza” contra los opositores condenados, venganza que se refleja en las ”torturas, vejaciones, la farsa del juicio, el hambre y las duras condiciones carcelarias” a que se han visto sometidos los presos a lo largo de este año por ”su condición de opositores políticos o simplemente por ser familiar, amigo o conocido de un opositor”.

A lo largo de este año, dos de los presos, Juan Ondó Nguema y Juan Asumu Sima, perdieron la vida debido, según las organizaciones de Derechos Humanos, a las malas condiciones de vida en que se encontraban y a las secuelas de las torturas. Durante gran parte del año, sobre todo en los primeros meses, los presos llegaron a permanecer esposados y encerrados en minúsculas celdas, e incluso privados de alimentos y agua.

En un comunicado difundido el pasado 23 de mayo, con motivo del primer aniversario del inicio del juicio, ASODEGUE indicaba que ciertos ”rumores y otros síntomas” permitían esperar que el dictador tuviera para ellos una ”medida de gracia” el pasado 5 de junio, ”con motivo de su cumpleaños”. No obstante, el indulto no se cumplió y aún se está a la espera de lo que pueda suceder la próxima semana.

EL PAPEL DE ESPAÑA

Fernández Marugán se mostró hoy, en sus declaraciones a Europa Press, particularmente crítico con el Gobierno español a la hora de conseguir la liberación de los presos.

Según el portavoz de ASODEGUE, el Ejecutivo de Obiang buscó en los últimos meses el reconocimiento diplomático de España porque se sentía amenazado por tres motivos fundamentales: el ”discurso angloamericano” contra las dictaduras de países que tienen petróleo, la acción unilateral española en el islote de Perejil y las presiones ejercidas por ciertas organizaciones no gubernamentales (entre ellas Amnistía Internacional) sobre el primer ministro británico, Tony Blair, para que haya más transparencia en relación con los pagos petroleros a Obiang.

El pasado mes de abril, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ramón Gil-Casares, visitó Guinea Ecuatorial para firmar un plan de cooperación, cuya firma está prevista para el próximo 17 de junio, en el que se estableció un calendario de reuniones entre altos responsables políticos españoles. El acuerdo, según Fernández Marugán, no incluía garantías de que se liberaría a los presos políticos y se limitaba a ”confiar en que lo haría”.

España, a juicio de ASODEGUE, debe ”reformular” su política con Malabo. ”Obiang se considera a sí mismo muy fuerte y vende muy cara” la posible libertad de los presos, con el riesgo, según Fernández Marugán, de que los presos se conviertan en moneda de cambio en el toma y daca diplomático entre ambos países.

”España no debe tomar el mismo carril por el que Obiang ha entrado, debe entrar indirectamente, a través de aspectos que interesen a Guinea, y no sacando el tema de los presos directamente”, cree ASODEGUE.

En ese sentido, valora con esperanza la reciente entrevista celebrada en Malabo entre el presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, y Teodoro Obiang Nguema para analizar las distintas posibilidades de participación de la petrolera española en proyectos de Exploración y Producción en el país africano. La posible entrada de Repsol en Guinea, opina Fernández Marugán, podría ser ”una baza para la política española, un instrumento de presión superior que si sólo hubiera empresas de Estados Unidos”.

”PANTOMIMA” Y TORTURAS

El juicio del Cine Marfil de Malabo se caracterizó por una serie de irregularidades que le valieron, a juicio de la oposición, la calificación de ”pantomima” y ”parodia de juicio”.

Un delegado de Amnistía Internacional (AI) que asistió al juicio como observador, Diego Postigo, denunció entonces graves violaciones de los Derechos Humanos e irregularidades procesales, como ”el uso de confesiones obtenidas mediante tortura, la ausencia de una asistencia letrada adecuada y la falta de independencia del tribunal, ya que sus miembros habían sido nombrados por las autoridades”.

El informe elaborado por otro de los observadores internacionales al juicio, el abogado español Fernando Ledesma, reflejaba que los procesados habían sido ”brutalmente torturados, en algunos casos directamente por militares de alto rango y cuyos nombres coinciden con los de familiares directos del jefe del Estado”.

Uno de los dos fallecidos, Juan Ondó, de 28 años, fue víctima de ”las tremendas secuelas de las torturas a que fue sometido durante los interrogatorios y del hambre”, tras pasar cuatro días sin comer ni beber en su celda de Black Beach, según informaron CPDS y ASODEGUE.

El propio Felipe Ondó Obiang, de 63 años, tuvo que declarar sentado durante el juicio debido a las torturas a las que había sido sometido. Según su hija, Veneranda Ondó, el dirigente de FDR sufrió ”torturas en las manos y los pies” y ”el primer día del juicio ni siquiera podía ponerse en pie, porque tenía los pies rotos por las palizas”.


Fuente: Europa Press

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