Al parecer el teniente coronel Cipriano Nguema Mba, habilitado del ejército guineano y pariente del general Agustín Ndong Oná, que había huído a Camerún con una importante cantidad de dinero, no ha sido devuelto por las autoridades camerunesas.

Esta noticia desmiente la noticia publicada por la AFP en el sentido de que el militar huido habría sido extraditado a Guinea. Cierto es que una delegación guineana al más alto nivel se trasladó a Camerún con el avión de transporte militar, para recoger al militar huido, pero las autoridades camerunesas no han satisfecho sus deseos.

Guinea no tiene firmado con Camerún ningún tratado de extradición y en todo caso la huida del militar no puede ser tipificada como un simple delito común a pesar de haberse llevado un dinero supuestamente del ejército guineano. Por otra parte, las extradiciones solo pueden ser ordenadas por un juez que instruye el sumario del supuesto delito (cooperación judicial) y aquí, como hace Guinea siempre, el ejército guineano o las autoridades guineanas no han denunciado el hecho ante ningún juez para que instruya las diligencias de un delito que solo podría ser el robo y que hay que demostrar con pruebas. Unos militares guineanos trasladándose a Camerún para que le entreguen a una persona, solo puede ser un acto típico del analfabetismo que empaña cada vez más los actos del régimen guineano.

La complejidad del caso es todavía mayor si, como se sospecha, el huido ha solicitado asilo político en Camerún. El caso de Feleipe Ondo, secuestrado por un grupo de gendarmes gaboneses comprados y entregado a Obiang en el interior de un saco, es una depravación que Camerún no puede realizar. En Camerún las autoridades respetan más que Gabón las leyes internas e internacionales.

El Foro Solidario por Guinea Ecuatorial, la asociación que presido y cuyos fines son la ayuda a los presos políticos y la vigilancia de los Derechos Humanos en Guinea, está cada vez más preocupada por el cariz que toman los acontecimientos en Guinea. Hasta la fecha no ha intervenido ningún juez en ninguna de las detenciones, los detenidos han permanecido más del tiempo previsto por las leyes de la dictadura sobre el proceso penal (72 horas) sin que hayan sido puestos a disposición del juez. Los detenidos no han sido asistidos por ningún abogado, ni siquiera el de oficio y los familiares no han sido informados del paradero, estado de salud y la acusación que pesa sobre los detenidos, todo ello en franca contradicción con el ordenamiento jurídico y una clara y grave violación de los Derechos Humanos.

No solo las autoridades no respetan la Ley con esa conducta, sino que se violan varios principios de la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el presidente Obiang prometió y promete cumplir. Por otra parte, la mayor parte de las detenciones las realizan militares, en lugar de la policía judicial, como si el pais estuviera militarizado; otra violación del Estado de Derecho que el presidente Obiang dice a todos que existe en Guinea Ecuatorial y que en estos dos años últimos que llevamos brilla por su ausencia.

Un detalle a señalar sobre Cipriano Nguema es que formó parte del tribunal especial (ilegal) que juzgó, fuera de su jurisdición (otra ilegalidad), en el cine Marfil de Malabo a 144 supuestos autores de atentado al Estado en el verano del año pasado.

Celestino Okenve
Presidente del Foro Solidario por Guinea Ecuatorial


Fuente: Celestino Okenve

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