CARMEN MUÑOZ. MADRID

La Justicia de Guinea Ecuatorial condenó a penas de prisión a 68 de los 144 acusados de intentona golpista y desestimó las dieciocho penas de muerte, en un macrojuicio calificado de «farsa». Algunos observadores consideraron la decisión de evitar la pena capital un «intento de lavado de imagen» por parte de la dictadura.


La sentencia del macrojuicio que comenzó el pasado 23 de mayo en el cine Marfil de Malabo, hecha pública ayer, condena a 68 opositores y militares en activo o retirados a penas de entre los seis y los veinte años de cárcel, desestima las dieciocho penas de muerte solicitadas por el Ministerio Fiscal y absuelve a 76 acusados, según datos de la agencia France Presse de Malabo que cita fuentes judiciales.

El tribunal consideró probado que los condenados eran culpables de los delitos de intento de atentado «contra el jefe de Estado, contra la forma de gobernar, conspiración e inducción a la rebelión y homicidio».

Entre los condenados a la máxima pena figura la persona clave de esta supuesta conspiración contra la dictadura de Teodoro Obiang Nguema, el ex presidente de la Cámara de los Representantes Felipe Ondo Obiang Alogo, que también fue miembro del oficialista Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) hasta que a mediados de la pasada década se alejó del régimen y fundó la no legalizada Fuerza Demócrata Republicana (FDR). Como la mayoría de los procesados, Ondo procede del distrito natal de Obiang, Mongomo, y muchos han visto la lucha por el poder entre rivales antes correligionarios el verdadero trasfondo del juicio.

Otro de los sentenciados a veinte años es el ex viceministro de Agricultura Donato Ondo Ondo, un ex lugarteniente del Ejército que ayudó al actual jefe de Estado a derrocar a su tío Francisco Macías en 1979.

Moto y Micó

En este grupo aparece también el líder del ilegalizado Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PP), Severo Moto, exiliado en España, según Efe. Moto aseguró ayer a ABC que «nunca se me había comunicado que estaba implicado en esta trama y de repente aparece una sentencia en mi contra», y calificó el macrojuicio de «lío entre gente de Mongomo con el que yo no tengo nada que ver».

A la segunda máxima pena, catorce años y ocho meses, han sido castigadas veintidós personas, entre ellas el secretario general de Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Micó. Este abogado, que asumió su propia defensa durante la «farsa», como él llamó al macrojuicio, ingresó ayer por la mañana en la temida prisión de Black Beach, según confirmaron a este periódico sus familiares en Malabo. En esta cárcel sobreviven como pueden a las torturas otros procesados.

Adolfo Fernández Marugán, secretario de la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (Asodegue), que asistió como observador al juicio, consideró la sentencia «radicalmente injusta, con la que el Gobierno juega a intentar mejorar su imagen por las absoluciones y la falta de penas de muerte».


Fuente: ABC (10.6.02)

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