GUINEA ECUATORIAL | ESPAÑA
POLÍTICA
El régimen guineano evacua su embajada de Madrid por razones de “seguridad”
EL MUNI. 18|07|05
Un Il-76, “Ecuatorial Cargo”, supuestamente propiedad del régimen de Guinea Ecuatorial está aterrizado en la base militar española de Torrejón de Ardoz, Madrid, desde el pasado de fin de semana, para garantizar la evacuación de material y personal de la legación diplomática guineana en Madrid, según han indicado este domingo a EL MUNI fuentes de la oposición del exilio.
El régimen, según las fuentes, ha ordenado a funcionarios de la sede diplomática abandonar el territorio español con todas sus pertenencias oficiales y personales. El carguero tiene previsto regresar dentro de unos días, llevándose a bordo a la plantilla, archivos, mobiliario y vehículos de la embajada y de sus funcionarios, precisaron las fuentes.
En los últimos días, testigos presénciales habían visto en el aeropuerto de barajas a algunos funcionarios de la embajada embarcando valijas diplomáticas con señas del Estado guineano.
La decisión del régimen se produce casi un mes después de que el 24 de junio un grupo de opositores exiliados en España protagonizara una manifestación en la embajada, durante la cual la sede diplomática fue desmantelada y se quedó inservible para servicios diplomáticos y administrativos. Los opositores reaccionaron así ante el intento de asesinato sufrido por uno de sus miembros a manos de sicarios pagados por la dictadura.
En un reciente viaje a Malabo, la dictadura de Teodoro Obiang exigió al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León, la puesta a disposición judicial de los supuestos implicados y éste garantizó el apoyo del Reino que, en su opinión, toma muy en serio el incidente y el procesamiento de los presuntos implicados.
Estas exigencias vienen muy bien al Reino de España, que lleva más de un año limosneando cerca de Malabo la participación de sus multinacionales petroleras en el botín petrolífero, así como la plena integración de sus consocios socialistas en las instituciones dictatoriales, a cambio de desbaratar los planes de la oposición exiliada sobre la democratización del país.
Según supo EL MUNI cerca de fuentes oficiales, el régimen condiciona la reanudación de su sede diplomática a cambio del procesamiento y posterior extradición al país de los supuestos implicados en la manifestación, once de ellos habían sido detenidos y acusados por la policía de “desórdenes públicos”.
Sin embargo, la dictadura guineana no ha perdonado a los socialistas españoles la política de “palo y zanahoria” adoptada por el Gobierno de Felipe González y que terminó con la reducción, a la mitad, de las relaciones de cooperación en 1993. No en vano, una simple manifestación pretende ser planteada como una crisis diplomática entre los dos países, que juegan a “gato y ratón” para adulterarse mutuamente.
Por una parte, Malabo se siente muy molesto por el excesivo empeño de la España socialista en normalizar las relaciones de cooperación, lo que levanta múltiples sospechas en el régimen que, después de casi 12 años de estancamiento, nunca había visto a España tan interesado en el tema.
Más todavía, Malabo considera de “encubiertos” los planteamientos previos que, en opinión de fuentes gubernamentales, supondrán, a la corta o a la larga, el retorno a la pretendida política neocolonialista, que Malabo logró obviar en 1982.
Concretamente, España no solo exige la participación de sus multinacionales en la inversión petrolera, sino condiciona que para respaldar el tibio proceso de transición y proteger la dictadura ante la comunidad internacional, el régimen debe admitir la participación activa de Convergencia para la Democracia Social, CPDS, en las instituciones oficiales.
Sin embargo, Teodoro Obiang siempre se ha opuesto a que España invierta en el país al ritmo de los franceses o norteamericanos, temeroso de que ello derive en consecuencias adversas para sus intereses políticos, debido a su proximidad con la población.
Fuente: EL MUNI