GUINEA ECUATORIAL | ESPAÑA
CRISIS DIPLOMÁTICA
Una manifestación política que se traduce en un acto ”vandálico” y compromete las relaciones diplomáticas, solo puede darse en el actual estado de cosas existentes entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial, lo cual pone al descubierto el clientelismo político y económico fuertemente manifiesto en el Gobierno español respecto a una de las dictaduras más salvajes y sanguinarias que quedan en el planeta.
EL MUNI. 20|07|05
El régimen dictatorial de Guinea Ecuatorial no ha aceptado las disculpas del Reino de España sobre los incidentes del 24 de junio, tal como se excusó recientemente en Malabo el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León. El país centroafricano del insaciable Teodoro Oibiang ya no tiene representación diplomática en Madrid y las relaciones diplomáticas con la vieja metrópoli pasan por una discreta crisis, que podría empeorarse si el país europeo no accede a sus exigencias.
La dictadura, por falta de “seguridad”, ha acordado la suspensión momentánea de su sede diplomática en Madrid y condicionada su reapertura con el procesamiento y extradición de opositores exiliados en el Reino de España.
El pasado fin de semana, un Il-76, “Ecuatorial Cargo”, fletado por el Gobierno y custodiado por seis agentes de la guardia pretoriana, aterrizó en la base militar española de Torrejón de Ardoz, Madrid, para garantizar la evacuación y traslado al país del material y personal de la legación diplomática guineana, según informaron a EL MUNI fuentes de la oposición del exilio y testigos presenciales.
El régimen, según las fuentes, ha ordenado a funcionarios de la sede diplomática abandonar el territorio español con todas sus pertenencias oficiales y personales. El carguero regresó este lunes llevándose a bordo a la plantilla, archivos, mobiliario y vehículos de la embajada y de sus funcionarios, precisaron.
La decisión del régimen se produce casi un mes después de que el 24 de junio un grupo de opositores exiliados en España protagonizaran una manifestación en la embajada, durante la cual la sede diplomática fue desmantelada y se quedó inservible para servicios diplomáticos y administrativos. Los opositores reaccionaron así ante el intento de asesinato sufrido por un miembro de la oposición a manos de sicarios pagados por la dictadura.
En su reciente viaje a Malabo, la dictadura de Teodoro Obiang exigió al Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León la puesta a disposición judicial de los supuestos implicados y éste garantizó el apoyo del Reino que, en su opinión, “toma muy en serio el incidente y el procesamiento de los presuntos implicados”.
Estas exigencias vienen como “anillo al dedo” al Gobierno español, que ve en ellas como una “maravillosa” oportunidad para obtener la indulgencia de la dictadura, ya que el “frágil” Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero lleva más de un año mendigando cerca de Malabo la participación de sus multinacionales en el botín petrolífero y la plena integración de sus consocios socialistas en las instituciones dictatoriales, a cambio de desbaratar los planes de la oposición exiliada sobre la democratización del país.
Sin embargo, la dictadura guineana nunca ha perdonado a los socialistas españoles la política de “palo y zanahoria” adoptada por el Gobierno de Felipe González y que terminó con la reducción, a la mitad, de las relaciones de cooperación en 1993. No en vano, una simple manifestación pretende ser planteada como una crisis diplomática entre los dos países, que juegan a “gato y ratón” para adulterarse mutuamente.
Por una parte, Malabo se siente acosado por el “descortés” interés de la España socialista en normalizar las relaciones de cooperación, lo que levanta múltiples sospechas del régimen que, después de casi 12 años de estancamiento, nunca había visto a España tan agarrado al tema.
Más aún, el régimen de Teodoro Obiang se ha puesto de cara a la órbita ante los planteamientos previos que, en opinión de fuentes gubernamentales, podrían hacer reaparecer, a la corta o a la larga, los fantasmas del pasado.
Concretamente, España no sólo exige la participación de sus multinacionales en el botín petrolero, sino también condiciona que para respaldar el malogrado proceso de transición guineana ante la comunidad internacional, el régimen debe contar con la participación activa de Convergencia para la Democracia Social, CPDS, en las instituciones oficiales.
El régimen no está por la labor, sobre todo, por el riesgo político que corre, si aceptase los planteamientos de Moncloa. La participación de CDPS en las instituciones del régimen, como pide España, podría minar seriamente la capacidad de control que la dictadura ejerce sobre la población y poner mucho más al descubierto su nula voluntad política en la democratización y del respeto de los derechos humanos.
Paralelamente, la dictadura siempre ha evitado que la inversión española en el país adquiera el mismo auge que la norteamericana o francesa, por su proximidad a la población. El cauteloso hombre de Malabo es consciente de ello y nunca baja la guardia al respecto. Precisamente, busca, a mareo y viento, una mínima oportunidad de distracción para dilatar las negociaciones en curso y dejar pasar el tiempo, mientras España se lo ha tomado muy en serio y pretende cumplir con su parte, consistente en desestabilizar a la oposición del exilio con el mayor golpe de efecto posible.
De todas formas, el cierre momentáneo de la legación diplomática, muestra el carácter arrogante y prepotente de la dictadura guineana sobre el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
Una manifestación política que se traduce en un acto ”vandálico” y compromete las relaciones diplomáticas, solo puede darse en el actual estado de cosas existentes entre el Reino de España y la República de Guinea Ecuatorial, lo cual pone al descubierto el clientelismo político y económico fuertemente manifiesto en el Gobierno español respecto a una de las dictaduras más salvajes y sanguinarias que quedan en el planeta.
Fuente: EL MUNI
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