GUINEA ECUATORIAL - ESPAÑA | POLÍTICA
CRISIS DIPLOMÁTICA
El parlamento se opone a la reapertura de la embajada en España por falta de garantías de seguridad
EL MUNI. 28|09|05
El parlamento de Guinea Ecuatorial, monopolizado por el gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, PDGE, con 98 escaños frente a dos de Convergencia para la Democracia Social, CPDS, instó este lunes 26 al ministro de Asuntos Exteriores, Pastor Michá Ondó, a “no reabrir la legación diplomática guineana en Madrid, Reino de España, hasta recibir garantías del Ejecutivo” de que los opositores implicados en el supuesto asalto del 24 de junio serán procesados por la justicia, según informó el Consejero de la presidencia, Miguel Oyono.
El parlamento convocó el lunes al ministro de Exteriores en una sesión especial, en el que también estuvo invitado, en palabras del consejero presidencial, el “simpático” cónsul español en la ciudad de Bata.
Miguel Oyono, en alusión al diplomático español, explicó en un foro virtual en el que participan alrededor de 300 guineanos, la mayoría en la diáspora, que “hay que ver lo que aguantó el tipo cuando los parlamentarios guineanos responsabilizaron al Ejecutivo español de haber permitido esa gamberrada”, califica.
En opinión de los diputados, el Gobierno español tiene la culpa de haber permitido que simpatizantes de la oposición guineana del exilio desmantelaran el pasado día 24 de junio la sede de la legación diplomática, en respuesta a un intento de asesinato que sufrió cuatro días antes en Madrid un dirigente opositor, a manos de sicarios presuntamente contratados por el dictador Teodoro Obiang.
La decisión del parlamento guineano pone así en entredicho los intentos de aproximación para la reapertura de la embajada que en los últimos meses habían puesto de manifiesto ambos Gobiernos a través de sus respectivos ministros de Asuntos Exteriores.
En una entrevistada mantenida durante la reciente cumbre de Naciones Unidas en Nueva York y la que el ministro español dijo que se enmarca en el clima de “normalización y serenidad” de las relaciones entre ambos países, el ministro guineano transmitió a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos “el deseo de su país de reabrir la embajada de Madrid”.
El cierre indefinido de la sede diplomática por supuestas faltas de garantías de seguridad, es un cuento que viene muy bien a la dictadura guineana, que se ve espantado por el desmesurado interés de la vieja metrópoli en normalizar las relaciones con Malabo, después de casi 12 años de estancamiento, cuando en 1993 se estalló la más importante crisis en las relaciones hispano-guineanas después de 1979, por la sistemática violación de derechos humanos y la represión contra la oposición en el país centroafricano.
Las trabas de Malabo para la reapertura de su sede diplomática en Madrid no son sino el punto de iceberg de unas relaciones que presagian una crisis diplomática al más alto nivel en los próximos días, entre otras cosas, por la política de doble moral de la vieja metrópoli y por las exigencias antidemocráticas del régimen, que pide la cabeza de ciertos políticos exiliados en España y si fuese posible, secuestrarlos o eliminaros, como lo intentó el 20 de junio.
El auto de procesamiento, las investigaciones policiales y judiciales, sobre dicho intento de asesinato, han dado con el blanco y los presuntos implicados no parecen otros que el propio déspota centroafricano, que habría utilizado a ciertos empresarios españoles, ahora detenidos por la justicia.
Cuando se inicie el proceso oral, que por otra parte los tribunales han recomendado que se lleve en la Audiencia Nacional, por tratarse de un caso de terrorismo, no se descarta que las relaciones hispano-guineanas entren en una crisis sin precedentes, si se diera el caso de llamar a declarar a las autoridades guineanas implicadas, como el ministro de Seguridad y primo del presidente, Manuel Nguema Mbá o el ex ministro de Información y Secretario de la Mesa del Parlamento, Lucas Nguema Esono, entre otras. Mientras en España, los cuatro sicarios colombianos y los dos empresarios implicados han prestado declaraciones y se encuentran ya bajo la custodia judicial, en espera del juicio oral y público. De mantener las versiones contenidas ya en el auto, todo apunta a una trama perfectamente organizada y dirigida por la dictadura, con el apoyo de empresarios españoles, para eliminar a destacados opositores del exilio.
Fuente: EL MUNI | POLÍTICA
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