Amnistía critica la venta de material militar a Venezuela y Colombia
Amnistía Internacional (AI) ha criticado la decisión del Gobierno español de vender material militar (patrulleras, aviones y helicópteros) tanto a Colombia como a Venezuela y reclama al Ejecutivo que, antes de que termine la actual legislatura, logre la aprobación de una ley que regule las transferencias de material militar y de doble uso.


”Vender o no vender armas tiene que ver con la vida de las personas”, declaró el director de AI en España, Esteban Beltrán, durante la presentación del ´Informe de Política Exterior y Derechos Humanos del Gobierno español 2004-2005´, el primero elaborado por la organización sobre las actuaciones del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Beltrán recordó que AI ”ha pedido reiteradamente al Gobierno español que no venda armas a Colombia hasta que no haya garantías de que no se van a usar contra la población civil” y que la venta de armas a países en conflicto puede violar el Código de Conducta de la UE sobre venta de armas. Beltrán se declaró preocupado por la posibilidad de que el contrato con Colombia anunciado ayer por el ministro de Defensa, José Bono, incluya no sólo aviones de transporte, sino también la cesión de cuatro helicópteros.

Pero además, el responsable de AI advirtió de que ”la venta de armas a Venezuela no contribuye a la estabilidad de la región”, y más si esa venta se ”compensa” firmando contratos también con Colombia.

Para la responsable de Política Exterior en Amnistía Internacional, Yolanda Román, ”ha llegado el momento de que la venta de armas se regule por ley”, después de 10 años donde se han logrado sólo ”pequeños avances en transparencia”. AI denunció que las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) son secretas, desde 1987, y que la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso nunca las ha solicitado.

AI facilitó estadísticas oficiales de exportación de material de defensa y policial por parte de España durante 2004. Los principales destinatarios por volumen de las ventas fueron Polonia (casi 100 millones de euros en dos aviones de transporte logístico), seguidos por Reino Unido, Alemania e Italia, con 87,7 y 63 millones de euros, respectivamente, en venta de combustible y materiales para proyectos conjuntos como el Eurofighter 2000.

Sin embargo, los datos también revelan importantes contratos con países criticados por no respetar los derechos humanos o que sufrieron conflictos internos, como Arabia Saudí (23 millones de euros en armas de fuego, municiones, componentes, bombas, cohetes, misiles y equipos de imagen), Ecuador (20 millones en material antidisturbios) o Indonesia (1,3 millones en bombas, cohetes, torpedos y misiles).

A Estados Unidos se vendieron armas por 6 millones de euros, mientras en el caso de Venezuela las ventas de municiones, bombas, torpedos, cohetes, misiles, materiales radiactivos y toxicológicos y material policial ascendió a 2,2 millones. A Colombia se vendieron armas de fuego, bombas, cohetes, torpedos y misiles por 961.417 euros.

CONTRADICCIONES

Pero además, los responsables de AI denunciaron ”contradicciones” en la política española sobre Derechos Humanos, porque si bien el compromiso está presente en los discursos del Ejecutivo, eso ”se traduce en una política de gestos”, dijo Beltrán, no en medidas concretas ni en las relaciones bilaterales con diversos países.

”Es muy negativo que la defensa de los derechos humanos no sea un aspecto visible, relevante y con impacto concreto en la agenda política de las relaciones bilaterales de España con países de su entorno o de su área de influencia como Marruecos, Colombia, Cuba o Guinea Ecuatorial; y que estos mismos derechos se obvien en las relaciones con Estados Unidos, China o Rusia”, añadió.

Por ello, la organización reclamó al Gobierno que apruebe, antes del final de la legislatura, un Plan Nacional de Derechos Humanos que asegure la coherencia de todas las políticas. Por ejemplo, criticó que España ha firmado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, pero no ha puesto en práctica las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura.

Lamentó también que la nueva Ley de Educación (LOE) no incluya una asignatura de educación en Derechos Humanos, pese a que el Gobierno ha apoyado una resolución a favor de la educación en este ámbito en la ONU.

Estas medidas forman parte de un conjunto de 15 indicadores presentados por AI al Gobierno para que reoriente su política en materia de Derechos Humanos.

GUINEA ECUATORIAL, EEUU Y CUBA

Beltrán valoró hoy el compromiso del Gobierno Zapatero con la ONU, pero pidió más coherencia en las relaciones bilaterales. Así, denunció la ”tibieza” del Ejecutivo respecto a las vulneraciones de la ley en Guinea Ecuatorial.

Sobre este país, afirmó que AI sigue muy de cerca el proceso para revocar el estatuto de asilado político al opositor Severo Moto. En su opinión, ”lo fundamental en este caso no es que se revoque o no el estatuto, sino garantizar que Severo Moto no corre riesgos”, como sería el caso si el opositor fuera enviado a Guinea Ecuatorial o algún país donde pudiera ser perseguido.

El informe contiene también recomendaciones sobre Cuba, y dice al Gobierno que ”debe exigir con firmeza la libertad sin condiciones para todos los presos de conciencia que continúan encarcelados”, pero también pedir al Gobierno estadounidense que ponga fin al embargo económico.

Respecto a Estados Unidos, AI lamenta que el Gobierno español, en 15 meses de mandato, no haya hecho una sola ”condena firme” a una política de lucha contra el terrorismo que recorta las libertades y los derechos. España, señaló Beltrán, debería tener un papel de crítica, como país que, tras los atentados del 11-M, ”no ha tomado medidas que recorten las libertades, como sí ha hecho Reino Unido, donde ha habido un recorte sin precedentes”.




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