PETICION DE AMPARO INTERNACIONAL A LA OPOSICION GUINEANA.

Sr. Presidente de los Estados Unidos de América:

La República de Guinea Ecuatorial vive desde hace más de 30 años una situación de aguda crisis, a causa de la tiranía impuesta por Teodoro Obiang Nguema.

Guinea Ecuatorial obtuvo la independencia de España en octubre de 1968. Macias Nguema, el presidente elegido democráticamente, instauró a los cinco meses una dictadura sangrienta que provocó la huida de más del tercio de la población.

El régimen de Macías fue derrocado en 1979 mediante un golpe de Estado por el entonces Vice-ministro de Defensa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, el actual Presidente de la República. Tras el golpe de estado, el país estuvo gobernado por el Presidente y por un Consejo Militar Supremo cuya composición o actividad nunca fue conocida. En 1981, en un clima todavía carente de libertades, se redactó y aprobó en referéndum una nueva Constitución que terminó con el Consejo Militar Supremo. Pero el Gobierno siguió estando dirigido por un partido único, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), fundado en 1987, que fue el único autorizado hasta que en 1991 se introdujo un régimen formalmente multipartidista, con la aprobación de una nueva Constitución. Ésta fue modificada parcialmente por la Ley constitucional Nº 1 de 17 de enero de 1995.

El presidente Obiang Nguema, a través de fraudulentas elecciones, asumió un mandato presidencial de siete años en 1982. En la práctica, su presidencia es vitalicia ya que ha seguido como presidente mediante reelecciones fraudulentas en 1989, 1996 y 2002. Durante esos años también se organizaron periódicas elecciones legislativas fraudulentas, para designar a los miembros de un cuerpo legislativo llamado Cámara de los Representantes del Pueblo.

La grave situación sociopolítica de Guinea Ecuatorial está caracterizada por una férrea dictadura, acompañada por una sistemática violación de los derechos humanos, la impunidad y la corrupción generalizada, mecanismos todos ellos que sirven al dictador Obiang Nguema para mantenerse en el poder. Esa situación puede constatarse en los múltiples informes de prestigiosas organizaciones e instituciones como Amnistía Internacional, Global Witness, Transparency International, Freedom Housse, Reporteros Sin Fronteras, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la sección de Derechos Humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y la Asociación internacional de la Abogacía.

La práctica de las violaciones de los Derechos Humanos es posible por la ausencia de un verdadero Estado de derecho, en lugar del cual existe una concentración de poderes en el ejecutivo. Este ejecutivo a su vez se encuentra respaldado por el partido del gobierno, PDGE, que controla hasta los puestos de empleo en el Estado y en la empresa privada. Además, está reforzado por la actuación prepotente de las fuerzas militares, que no se diferencian de las de policía y que ejercen incluso funciones judiciales sobre los civiles.

Esta situación compleja se puede clasificar en los siguientes apartados:

a) Violaciones graves y sistemáticas de los Derechos Humanos (Crisis social)
b) Todo ello ocurre en medio de una situación de extrema pobreza de la población, corrupción intensa, malversación de fondos del estado (crisis económica).
c) Ausencia de un Estado de Derecho, ausencia de Democracia y desorganización generalizada de la Administración del Estado (crisis política).

Los partidos políticos guineanos y la comunidad internacional trabajaron inicialmente para luchar contra estos graves problemas causados por la dictadura.

Evolución de la situación de los Derechos Humanos

A fin de hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas utilizaron el mecanismo de la vigilancia acompañado por informes elaborados por los relatores y enviados especiales. Cada año, la grave situación que los Relatores y Representantes Especiales encontraban en el país había sido detalladamente estudiada y presentada a la Comisión de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos por los antiguos Relatores Especiales y el Experto Independiente que habían sido designados ininterrumpidamente por la Comisión desde el año 1979. Pero sus observaciones y recomendaciones de fondo, reiteradas y coincidentes, conservaban vigencia porque en lo sustancial nunca fueron atendidas por el gobierno de Guinea Ecuatorial y por lo tanto la situación nunca mejoró.

Para mayor desgracia, el 19 de Abril de 2002, la Comisión de Derechos Humanos, en su 58º Periodo de Sesiones, votó el Proyecto de Resolución L.20, dando lugar a la Resolución 2002/11 que ponía fin al mandato del Representante Especial para Guinea Ecuatorial.

Pero esta resolución, hecha gracias a las maniobras del grupo de Africa, no se ajustaba a la verdad en algunos de los párrafos. En uno de ellos decía:

”Tomando nota con profundo reconocimiento de que el Gobierno de Guinea Ecuatorial ha ratificado la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial”.

Esto no era cierto, según hizo saber el Representante Especial de las Naciones Unidas. Guinea Ecuatorial no había ratificado la Convención contra la Tortura sino que lo hizo meses más tarde, el 8 de octubre de ese año. La comisión había caído en el juego del engaño permanente que realiza el gobierno de Guinea Ecuatorial.

En aquella ocasión el Representante Especial recomendaba a las Naciones Unidas que se mantuviese sobre Guinea una ”adecuada vigilancia, sobre todo en un momento tan crítico como el presente, cuando se vienen realizando detenciones masivas de opositores políticos desde mediados de marzo de 2002.

Pero nada se hizo al respecto, a pesar de que la representación de la Unión Europea expresaba que “... nos preocupa la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial tal como se describe en el informe del Representante Especial. Motivo de nuestra preocupación son el trato inhumano y degradante, las condiciones en las prisiones, el funcionamiento judicial, fundamentos legales para el ingreso en prisión, el derecho a un juicio justo(......). Asímismo, nos inquieta la reciente ola de arrestos de miembros de la oposición”.

Desde entonces, Guinea Ecuatorial ha sido liberada de la vigilancia de los Derechos Humanos que realiza la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, si bien en dos ocasiones se han desplazado esporádicamente representantes de órganos de vigilancia de los Derechos Humanos al país. Nos referimos al Relator Especial por la Libertad de Opinión y de Expresión Sr. Ambeyi Ligabo en diciembre de 2002 y a la comisión contra la Tortura de este año 2007.

En el informe del Sr. Ambeyi se contenían casi las mismas recomendaciones que habían formulado los anteriores relatores, en concreto decía (2):

”El Relator Especial observa que la situación con respecto a la libertad de opinión y de expresión en Guinea Ecuatorial parece haber mejorado desde el punto de vista legislativo. En los últimos años se han aprobado varias leyes que, de aplicarse plenamente, contribuirían de forma considerable a la promoción y al respeto de la libertad de opinión y de expresión. Por consiguiente, el Relator Especial insta al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para llevar a efecto esas disposiciones y esos acuerdos legislativos, y se refiere en particular al Pacto Nacional de 1993 y a los acuerdos conexos de 1997 y 2001, así como a las disposiciones que rigen los procesos electorales.

Sin embargo, el Relator Especial observa que algunas leyes, en particular la Ley de prensa, imprenta y medios audiovisuales, de 1997, y la Ley de reglamentación del funcionamiento de las ONG, de 1999, deben ser examinadas y puestas en conformidad con las normas y los principios de derechos humanos relativos al derecho a la libertad de opinión y de expresión.

Con respecto a la situación de los medios de comunicación, al Relator Especial le preocupan la falta de medios audiovisuales libres e independientes en el país y los obstáculos jurídicos y administrativos con que tropieza la prensa escrita. El Gobierno debe hacer todo lo posible para fomentar el desarrollo de unos medios de comunicación pluralistas, libres e independientes en Guinea Ecuatorial, así como la protección y el respeto de la independencia editorial y la libertad de opinión y de expresión de los periodistas.

Le preocupa al Relator Especial que las ONG que trabajan en la esfera de los derechos humanos aún no estén autorizadas a registrarse y funcionar en Guinea Ecuatorial, e insta al Gobierno a que revise la ley pertinente de 1999. También toma nota con preocupación de que algunas ONG se han prohibido sin motivo alguno; refiriéndose en particular a los casos de la Asociación de la Prensa y el Colegio de Abogados, ilegalizados en mayo de 2002, el Relator Especial pide al Gobierno que reconsidere esa decisión y que permita que ambas organizaciones funcionen libremente.

El Relator Especial opina que debe reformarse el sistema judicial, y que deben organizarse con carácter urgente cursos capacitación jurídica y en materia de derechos humanos para jueces, agentes del orden y abogados.

El Relator Especial opina también que el estatuto y las competencias de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben revisarse a la luz de los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (”Principios de París”) aprobados por la Comisión de Derechos Humanos en 1992 y por la Asamblea General en 1993.

El Relator Especial pide al Presidente de la República que considere la puesta en libertad de los detenidos tras el ”juicio de los 144” en junio de 2002.”

El anterior Representante Especial había indicado en sus informes, incluyendo el último de su mandato (E/CN.4/2002/40), que ”la manifestación más evidente de la grave situación de derechos humanos en Guinea Ecuatorial es la inseguridad jurídica a que se encuentra expuesto cualquiera de sus habitantes, que en cualquier momento puede ser privado de libertad en centros de detención inadecuados, e incluso sometido a torturas, por simple orden de la superioridad”. Sigue afirmando que tanto él como sus antecesores, y otros expertos de Naciones Unidas han señalado reiteradamente la ausencia de un poder judicial independiente e idóneo en Guinea Ecuatorial y la consiguiente necesidad de ”asegurar en la práctica la debida separación entre la rama ejecutiva y la rama judicial, capacitar a los funcionarios judiciales, promover el juzgamiento de las violaciones de derechos humanos y limitar la jurisdicción militar par que no ejerza competencia en relación con los civiles” (E/CN.4/2001/38).


El Representante Especial en su último informe hace alusión al anuncio por parte del Gobierno de Guinea Ecuatorial de ”redefinir durante el año 2002 la competencia de la jurisdicción militar para que los civiles sean juzgados solamente por tribunales civiles y no por tribunales militares”.

Siguen produciéndose en Guinea Ecuatorial actos que violan los derechos y libertades fundamentales de las personas (artículos: 8,9 y 13 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial); actos contrarios al ordenamiento jurídico guineano realizados por el propio gobierno de Guinea Ecuatorial.

Entre estos actos destacamos los siguientes:
§ la convocatoria fuera de plazo que marca la Ley de las Elecciones Presidenciales, celebradas en el mes de diciembre 2002.
§ la no exposición pública por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial de la listas del censo electoral, diez días después de la convocatoria de las elecciones (artículos: 45.1, 2, 3,y 4).
§ violación del derecho que establece el artículo 65.1 respecto a la libertad en materia de actividades de propaganda electoral.
§ violación de los artículos 80, 81 y 82, en materia de constitución de las mesas electorales.
§ El secuestro de al menos 3 refugiados guineanos residentes en Benin, Camerún y Nigeria, realizado por Ondo Nkumu, jefe de la seguridad presidencial.
Los hechos referidos violan de forma flagrante la legalidad constitucional vigente, la Ley Electoral y demás disposiciones normativas concordantes. Ello obligó a los partidos políticos de la oposición concurrentes a las elecciones presidenciales a retirar en bloque sus candidaturas y considerar como no válidos los resultados de dichas elecciones.

El Instituto de Derechos Humanos de la International Bar Association (IBA) en su visita Guinea Ecuatorial entre el 20 y el 26 de julio de 2003, emitió un informe(2) que contenía el siguiente Resumen de conclusiones:

1. En el transcurso de su visita a Guinea Ecuatorial, la delegación llegó a la conclusión de que hay poco respeto en relación con el estado de derecho; en particular, no hay separación de poderes. Es evidente que el poder ejecutivo ejerce un control considerable tanto en la asamblea legislativa como en el poder judicial, algo que reduce en gran medida su capacidad para llevar a cabo las suficientes comprobaciones y balances en los poderes del Ejecutivo.

2. No existe ninguna oposición viable al partido gobernante, y el pluralismo político prometido en la constitución no se ha cumplido.

3. La libertad de expresión y la prensa están fuertemente censuradas, hasta el punto que la sociedad civil no tiene poder. La delegación advirtió con preocupación que en Guinea Ecuatorial no hay ningún periódico, librería o biblioteca pública.

4. El impacto combinado de la falta de libertad de expresión, prensa y asociación ha impedido el desarrollo de la sociedad civil. Esta situación es crítica. Sin una sociedad civil, resultará imposible garantizar la protección y el mantenimiento de los derechos y las libertades de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial.

5. La tortura, la incapacidad de garantizar el derecho a un juicio justo, la falta de libertad de expresión y asociación y unas condiciones pésimas en las cárceles son sólo algunos ejemplos de los abusos que se producen con la impunidad que existe en Guinea Ecuatorial. La incapacidad del poder judicial para actuar de manera independiente es otra dificultad, ya que impide que los ciudadanos de a pie traten de obtener una compensación por los abusos a los derechos humanos.

6. La delegación se inquietó profundamente por la justicia del juicio de 144 presuntos conspiradores de un golpe de estado, y por el bienestar de los que hoy se encuentran en la cárcel a consecuencia de ese juicio. De todos los informes y entrevistas realizados por la delegación, resulta evidente que el juicio estuvo muy por debajo de las normas internacionales y regionales relacionadas con el desarrollo de un juicio justo.

7. Así como la delegación se complació al conocer la noticia de la liberación de Plácido Miko, se inquietó enormemente por las condiciones en las que se retiene a Felipe Ondó y por informes de su maltrato.

8. La delegación está profundamente preocupada por la falta de independencia del poder judicial. Esta incapacidad adopta varias formas:
(I) La incapacidad de observar una separación entre el poder judicial y el ejecutivo;
(II) La intromisión en la actividad judicial independiente por parte del Ejecutivo, a través del proceso de nombramiento y por la incapacidad de ofrecer seguridad de ejercicio;
(III) La corrupción;
(IV) El hecho de que los jueces que nombra el presidente deban jurar ‘lealtad’ al gobierno;
(V) El uso de jueces militares que podrían estar sometidos a presión en virtud de la “responsabilidad del superior jerárquico”;
(VI) El nombramiento de jueces militares en tribunales civiles que podrían provocar intromisiones en la administración del sistema de justicia por parte del poder militar y el gobierno;
(VII) La incapacidad de algunas autoridades del Ejecutivo, principalmente relacionadas con los cuerpos de seguridad e instituciones militares, para acatar la ley y las órdenes judiciales.

9. La delegación concluyó que las leyes en Guinea Ecuatorial o bien i) no están escritas y por lo tanto nunca se utilizan de manera correcta o coherente; ii) las leyes no son coherentes con la constitución; iii) las leyes no están actualizadas y iv) son ad hoc. Existe una apremiante necesidad de iniciar un programa de reforma legislativa. A pesar de que el gobierno profesa estar comprometido en la tan necesaria codificación de leyes, necesita demostrar un compromiso mayor para garantizar que las leyes se difundirán por todo el país y que personas suficientemente cualificadas desempeñarán tal tarea.
Para ello, deberán proporcionarse los recursos suficientes.

10. La delegación manifestó su profunda preocupación acerca de la falta de un Colegio de abogados independiente. El gobierno no debe interferir en el Colegio de Abogados. La IBA recomienda la creación de un código deontológico y un programa de continuación de la formación legal para los abogados. Debería establecerse un proceso electoral independiente para los cargos dentro del ejecutivo del Colegio de Abogados, y éste debería poder funcionar sin la influencia del gobierno.


Situación política
En el plano político, no se perciben los mínimos indicios de apertura democrática, a pesar de que el país refrendó en 1991 una Constitución que reconoce el pluralismo político. Los partidos políticos autorizados en aquella fecha, 13 en total, han sido mutilados por el régimen y sus líderes reducidos al exilio u obligados al silencio y, en el peor de los casos, muchas de estas formaciones han sido obligadas a ejercer como apéndices del partido en poder. Otras formaciones políticas emergentes como la Fuerza Democrática Republicana FDR o el Movimiento de Autodeterminación de la Isla de Bioko MAIB, no han sido legalizadas sino proscritas.

En la actualidad, Guinea Ecuatorial es uno de los Países con el mayor número de presos políticos, detenidos arbitrariamente y sentenciados a largas penas de cárcel en juicios sin mínimas garantías jurídicas. La persecución político-militar contra la oposición y los ciudadanos descontentos desatada desde el año 2002 se dirigió especialmente contra los partidos emergentes que seguían fieles a los valores democráticos. Esta persecución despiadada ha reabierto profundas heridas en la sociedad guineana muy difíciles de cicatrizar, mientras el actual régimen se resiste a poner en marcha los compromisos constitucionales e internacionales suscritos para la democratización del país y el respeto de los derechos humanos.

Todas las elecciones celebradas desde 1993, siempre han sido fraudulentas y en muchos casos boicoteadas por sus múltiples irregularidades, como la falta de un censo electoral fiable, la imposición del voto público hecha por soldados, ausencia de interventores de la oposición en mesas electorales y la instalación de estas en campamentos militares, entre otras.

El régimen dice haber finalizado la transición a la democracia. Pero la transición ni siquiera se inició. Las esperanzas de la población se han esfumado después de asistir a la caza demoledora del régimen contra los partidos y sus líderes. Muchos líderes prefirieron alinearse con la dictadura, claudicando. Los demás están en las cárceles o en el exilio. La democracia está condenada a muerte en Guinea Ecuatorial.

Crisis Económica
En el plano social y económico, Guinea Ecuatorial es el tercer productor de petróleo de África negra y en términos de PIB es uno de los países más ricos del mundo. Sin embargo, más de dos tercios de su medio millón de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza, debido a que el uno por ciento, formada por los elementos de la dictadura, es el que controla el 90 por ciento de la renta nacional, gracias al uso del expolio, a la desviación de fondos públicos y a la corrupción desenfrenada.

Toda esta situación quedó evidente en parte en los informes de Global Witness3 –Time of Transparency- y en el informe del comité de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos de América4 (Money Laundering report 15-jul-2004)

En estos informes se ponía de manifiesto el escandaloso uso de los fondos del petróleo depositados en la Banca Riggs por parte de la familia del dictador Obiang Nguema. 700 millones de dólares, la media de esos fondos, eran manejados en numerosas cuentas a nombre de Obiang y sus familiares, con transferencias a cuentas de ultramar donde el presidente había creado empresas ficticias en paraísos fiscales. La falta total de transparencia era una constante en el uso de las riquezas del petróleo, riqueza que la dictadura definió como “secreto de Estado”. Además de ello, muchas propiedades privadas y públicas fueron apropiadas por la familia del dictador y sus amigos, haciendo uso de ellos para generar más renta privatizada.

Mientras tanto, los centros sanitarios son prácticamente inexistentes y los pocos que existen no gozan de los medios elementales para garantizar una asistencia adecuada a los pacientes.
La enseñanza y la cultura están abandonadas y no hay ni una sola biblioteca pública en todo el país.
Las ciudades no tienen agua potable ni alcantarillado. El transporte público no existe.

Al tiempo que el PNB por habitante sitúa a Guinea Ecuatorial en los puestos de cabeza mundiales, su índice de Desarrollo Humano descendió del puesto 109 al 121 en el año 2005 y esta tendencia continúa.

Resumiendo, el escenario sociopolítico de Guinea Ecuatorial, un pequeño país con 28.051 kilómetros cuadrados y menos de medio millón de habitantes, presenta todos los síntomas de un país en crisis aguda, donde el conformismo forjado por la represión política, la violación sistemática de los derechos fundamentales, la corrupción, el nepotismo, la pobreza y miseria, constituyen los hechos negativos que fomenta la dictadura para eternizarse en el poder. Esta situación puede engendrar un odio descontrolado entre la población y llevar a una explosión social de graves consecuencias.

La situación de Guinea Ecuatorial supone un peligro para la paz.

La plataforma política Demócratas por el Cambio DECAM con sede en Madrid, ha sido creada para llevar a cabo una transición a la democracia en Guinea Ecuatorial, asumiendo la responsabilidad de pacificar el país.

Para ello, Demócratas por el Cambio necesita abrir un espacio de diálogo para pactar la transición a la democracia.

Pero en este empeño, DECAM no se ve acompañada por las autoridades españolas, las cuales han pactado con la dictadura de Obiang un apoyo incondicional. Como consecuencia de ello, éstas mantienen una animadversión hacia la oposición guineana del exilio.

En Madrid algunos miembros de DECAM han sido objeto de atentados contra sus vidas por parte de unas bandas organizadas al servicio de la dictadura del presidente Obiang Nguema, usando sistemáticamente la cobertura de la embajada de Guinea en España. Pero las autoridades españolas no han tomado ninguna medida de protección a los guineanos residentes en España o de nacionalidad española ante los planes de la dictadura contra el exilio guineano en España. Esta es una situación grave ya que la mayor parte de los cuadros universitarios y la mayor parte de la oposición guineana reside en España.

Esta desprotección y animadversión a los residentes guineanos en España se produce al mismo tiempo que las autoridades españolas encuentran “indicios de apertura política” en Guinea, sin que haya una base que lo justifique.

Dentro del país, la dictadura, usando la represión y la violencia política, ha conseguido frenar cualquier avance hacia la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Fuera, ha conseguido el apoyo incondicional de las autoridades españolas. Con esto, la dictadura se ha encerrado más en sí misma y el proceso está bloqueado.

La oposición guineana se encuentra en un callejón sin salida y con la amenaza permanente de un Estado organizado como España, que realiza sin rubor acciones de hostigamiento a la oposición en el exilio y de abierto apoyo a una dictadura cruel.

Nosotros, miembros de la plataforma DECAM, ante esta situación de peligro en la que nos encontramos en España, unido al bloqueo impuesto para el desarrollo político y económico de Guinea Ecuatorial por parte de la dictadura, nos dirigimos a S.E.
para solicitar, de forma solemne,

que promueva por sí o de forma mancomunada con otros países civilizados, una acción de

AMPARO INTERNACIONAL

a la oposición y al pueblo de Guinea Ecuatorial, basada en los valores universales de Solidaridad Internacional hacia los hombres y mujeres que viven en Guinea Ecuatorial y cuya suerte está sometida al azar de una dictadura ignominiosa que en más de 30 años ha dado sobradas pruebas de falta de humanidad.

Con el Amparo queremos obtener entre otras cosas la protección que el derecho internacional otorga a los refugiados y que se nos niega en España. El Estado español hace dejación de su función de protección legal y policial sobre la ciudadanía guineana afincada en España y sobre la ciudadanía española de origen guineano, forzándola a abandonar España y a volver a Guinea o a emigrar a otros países occidentales.

Además de ello, el Amparo que solicitamos incluye el apoyo que DECAM necesita de la Comunidad Internacional para llegar al diálogo con las autoridades de Guinea Ecuatorial, a fin de iniciar un proceso real de transición a la democracia efectiva, la cual podría contemplar procesos electorales como mecanismos de participación en el poder durante las fases de la transición.

En el caso último, es decir, en que unas elecciones fueran la vía para participar en las fases de la transición a la democracia, debemos tener en cuenta que todas las elecciones que se han realizado hasta la fecha siempre han terminado en un fraude abusivo, precedido de dificultades para la libre concurrencia plural de los partidos políticos;

Teniendo en cuenta que una efectiva y plural participación de la oposición guineana implica al menos la legalización de cuantos partidos y organizaciones quisieran concurrir en los comicios, sean o no miembros de DECAM;

Teniendo en cuenta que los procesos electorales y de transición deben desarrollarse en un entorno de paz social, lo que implica en nuestro caso la liberación de todos los presos políticos;

Teniendo en cuenta la falta de interés, minado de estrategias oscuras e inconfesadas de la vieja metrópoli, España, en mediar por una salida negociada entre la oposición del exilio y el gobierno guineano sobre la caótica situación política de Guinea Ecuatorial;

Conscientes del hartazgo más que patente en muchos sectores de la población, cuya paciencia podría explotar en cualquier momento y traducirse en una gran explosión social de consecuencias drásticas;

La plataforma Demócratas por el Cambio, al dirigirse a S.E. desea ampliar los términos del Amparo que solicita, en el sentido de incluir como petición, un apoyo decidido a sus requerimientos básicos al gobierno de la Republica de Guinea Ecuatorial, los cuales son:

1. Liberación incondicional de todos los presos políticos.
2. Puesta en marcha de un plan para el retorno de los exiliados políticos y emigrantes guineanos.
3. Legalización de todas las fuerzas políticas y organizaciones sociales.
4. Mecanismo transparente para la financiación a los partidos políticos.
5. Celebración de una conferencia nacional o negociaciones entre DECAM y el gobierno, con supervisión de la comunidad internacional, a fin de pactar una Transición Política pacífica que conduzca al país, a corto plazo, a una democracia efectiva, al Estado de Derecho, al respeto escrupuloso de los derechos humanos y de las libertades públicas y fundamentales.
6. Organización de un censo electoral fiable, con participación de la comunidad internacional.
7. Organización de elecciones municipales, legislativas y presidenciales, asistidas por las Naciones Unidas y con la presencia, desde el inicio hasta el final, de observadores internacionales independientes.



EXCELENTÍSMO SEÑOR:
La República de Guinea Ecuatorial no ha conocido la guerra, a pesar de los abusos a que ha sido sometida su población por parte de una dictadura inhumana. Estamos a tiempo de evitar que ésta se produzca el día de mañana. Un pueblo que se vea impotente, desesperado y abandonado, puede elegir la vía de la guerra como solución última.

DECAM cree compartir el hondo sentir del pueblo guineano pero también quiere hacer gala de un alto sentido de la responsabilidad a pesar de la grave situación. Es por ello que reitera su súplica para que sean atendidas sus peticiones legítimas y justas.

Con la confianza depositada en su magnanimidad y solidaridad, reciba, Excelentísimo Señor, la expresión de nuestro más alto sentido de consideración y estima.


En el Exilio, a 30 de septiembre de 2007

GERMÁN PEDRO TOMO MANGUÉ



COORDINADOR GENERAL DE DECAM





















1 E/CN.4/2003/67/Add.2
2 http://www.ibanet.org/images/downloadsƐquatorial%20Guinea%20(Spanish).pdf
3 http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/115ɛn/time_for_transparency
4 http://levin.senate.gov/newsroom/supporting/2004/071504psireport.pdf

La plataforma DECAM integra los siguientes partidos y asociaciones guineanas: Acción Popular de Guinea Ecuatorial (APGE). Asociación Viyil. Asociación para la Libertad de Prensa y de Expresión en Guinea Ecuatorial (ASOLPEGE_Libre). Foro Solidario por Guinea Ecuatorial (FSGE). Fuerza Demócrata Republicana (FDR). Movimiento para la autodeterminación de la isla Bioko (MAIB). Partido del Progreso (PP). Unión para la Democracia y el Desarrollo Social (UDDS). Unión Popular (UP). Unión Republicana (UR).



Fuente: propia

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