``El juicio sumarísimo que se inició hoy en Malabo es ante todo un juicio político. No tiene nada que ver con las responsabilidades criminales y civiles que la fiscalía y el ministerio público tuvieran que argumentar en contra de los procesados. Rumorea a mi lado un grupo de ciudadanos, mientras siguen atentamente los elementos de ``hecho`` que aporta la defensa de los presuntos implicados``. Junto a ellos está un estudiante preuniversitario, que pregunta quiénes suelen montar este nivel de espectáculos en este país.
Pedro Nolasco. Malabo, viernes 24/05/02
Con tres horas de retraso del tiempo previsto, el juicio sobre la supuesta tentativa de golpe de estado se inició este jueves sobre las 13h00, hora local, en medio de fuertes medidas de seguridad. 144 ciudadanos están presuntamente implicados en los delitos de ``atentado contra la vida del presidente, forma de gobierno, conspiración e inducción a la rebelión``, según se desprende del ministerio público.
La Corte de Apelación de Río Muni, que preside el letrado Martín Nsue Ndong, presidente de este tribunal civil - la primera que el régimen establece en juicio de esta envergadura, fuera de los habituales Consejos de Guerra - es el que instruyó el caso. Aun con ello, después de la primera sesión muchos empiezan a dudarse de sus garantías jurídico procésales.
El ministerio público ha pedido penas de entre treinta años a muerte hasta de ocho años de prisión con una indemnización de 3000 millones de francos CFA al Estado, así como confinamiento, inhabilitación absoluta y especial al ejercicio de cargos públicos, profesión y el sufragio. En sus conclusiones provisionales, un veterano abogado guineano, Celestino Obiang Mba, ha dicho que la petición de 3000 millones de indemnización ha nacido muerta, porque los patrocinados no tienen ni medios de subsistencia.
Aunque la sesión de este jueves se limitó a la lectura del auto de procesamiento y los informes provisionales del ministerio público y la defensa, nada se tiene tan claro hasta que empiecen a comparecer, en juicio oral y público, los propios procesados. De todas formas, es opinión más que generalizada que se trata de un juicio mucho más político que cualquier otra consideración que se lo quieren dar los que detentan el poder.
Diversos observadores coinciden en dar crédito a las conclusiones provisionales que ha empezado a adelantar la defensa, que en su opinión, ninguna de las acciones realizadas por los encausados pueden considerarse como delitos. Al contrario, la naturaleza de los hechos no se escapa de la efectiva democratización del país, ni del disfrute de las libertades públicas contempladas en las leyes guineanas.
Los primeros pronósticos sobre la naturaleza de esta supuesta tentativa de golpe de estado comienzan a salir a luz pública. Se ha aprovechado la movilización de la hasta ahora no legalizada FDR, que buscaba más adeptos para cumplir con uno de los últimos requisitos para su legalización, es decir, obtener implantación en todo el territorio nacional, lo que podría haber sido interpretado por el Gobierno como una ``operación relámpago, con el objetivo de ocupar militarmente las ciudades de Malabo, Bata, Ebibeyin y Mongomo``, con la supuesta ayuda de militares retirados y en ejercicio.
La cuestión más controvertida que podría registrarse será sin duda alguna la sustancialidad de las declaraciones de los procesados, muchas de las cuales fueron extraídas bajo torturas. Los abogados defensores hablan de ``interrogatorios crueles y vejatorios``, lo que podría originar fuertes contradicciones entre el auto de procesamiento instruido y el juicio oral, que está prevista comenzar sobre las 9h00, hora local de hoy viernes.
Prácticamente la mayoría de los procesados presentan visibles signos de tortura y otros malos tratos, desnutrición. Los hay que cojean, otros que si quiera pueden levantarse por sí solos. Felipe Ondó Obinag y Guillermo Nguema Elá, dirigentes de FDR y a los que se atribuye la supuesta tentativa de golpe de estado no hace falta preguntar en qué estado se encuentran, prácticamente desfigurados y no pueden llevar zapatos. Unos presentan fracturas en las muñecas y en las piernas. Incluso un anciano de aproximadamente 80 años, Juan Asumu Sima, se encuentra muy grave, y ayer su abogado solicitó que fuera sometido bajo tratamiento médico.
Como era de esperar, este macro juicio presenta múltiples errores procedimentales e incluso de competencia que son interesantes para las garantías jurídico- procésales, como lo esgrimió el Secretario General de la CPDS, Plácido Miko Abogo, en su autodefensa. Los plazos de entrega de autos de procesamiento a los abogados no se respetaron conforme a la ley. En el mismo contexto, la defensa evocó la incompatibilidad de este tribunal de juzgar a un magistrado y un fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Benedicto Nsue Ndong y Ricardo Eló Mabale, respectivamente, que deben gozar del derecho de aforamiento.
Pero mientras ocurría todo eso, nadie pudiera hacer la idea de los desórdenes que se produjeron en el cine marfil de Malabo. Un cortocircuito que se produjo en uno de los altavoces estuvo a punto de provocar un incendio en la sala. La sesión quedó paralizada durante casi un cuarto de hora hasta que un voluntario pudo conseguir un extintor, gracias al cual se pudo evitar lo que probablemente hubiera significado una gran calamidad.
Fuente: La Diáspora
Seguir a @guinea_net
