Pedro Nolasco. Malabo, lunes 27/05/02
El Fiscal General del Estado, el abogado Antonio Nzambi Nlonga, desde que se afilió en el gobernante Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) a mediados de los noventa, se ha hecho muy famoso, no solamente por sus denuncias de conspiración y atentado contra el jefe del Estado, sino por ser a quien se atribuye las condenas a prisión de los principales dirigentes de la oposición.
Esta es la segunda ocasión que denuncia y juzga a los dirigentes de la hasta ahora no legalizada FDR, partido que, además, se ha encontrado con la negativa de la Notaría de Bioko cuando intentó realizar la escritura pública de sus Estatutos Fundacionales. Esta notaría comparte el mismo edificio con la Fiscalía General del Estado y el ministerio de Justicia y Culto.
En 1998, acusó y condenó a los dirigentes de Fuerza Demócrata Republicana, Guillermo Nguema Elá y Felipe Ondó Obiang Alogo, en un proceso judicial irregular, por el delito de „acusaciones y denuncias falsas“, a una pena de dos años y seis meses de prisión, al pago cada uno de una multa de 200000 francos CFA más una indemnización al Estado de 25 millones de francos CFA.
Esta vez, ha llevado a los tribunales no solamente a los dirigentes de FDR sino al principal líder de la oposición guineana, el Secretario General de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Mikó Abogo, por los supuestos delitos de „atentado contra el jefe del Estado, forma de Gobierno, Conspiración e inducción a la rebelión“, para los que solicita una pena de 20 años de prisión a Mikó y de muerte a 30 años para los dirigentes de FDR, más una indemnización conjunta de 3000 millones al Estado, en un proceso judicial en el que está siendo juzgado 144, la mayoría pobres de solemnidad. Un abogado de la defensa ha dicho que dicha propuesta „ha nacido muerta porque sus patrocinados ni si quiera tienen medios de subsistencia“.
A mediados de los noventa, Nzambi Nlonga, entonces simple abogado en ejercicio condenó a Severo Motó, presidente del disuelto Partido del Progreso a 30 años de cárcel, en unos Consejos de Guerra en juicios sumarísimos, por los delitos de „atentado contra el Jefe del Estado, contra la forma de gobierno y traición a la patria“. El día dos de agosto de 1995, víspera del aniversario de su acceso al pode, presidente de la república, general Teodoro Obiang Nguema, facultado por expresas normas constitucionales, aprobó un indulto por el cual Severo Motó y otros presos, mediante un indulto presidencial, fueron puestos en libertad incondicional. Después de este juicio fue nombrado Fiscal General de Estado.
Los juicios sumarísimos en torno a los „constantes“ y „sucesivos“ supuestos „atentados“ contra el presidente y su forma de Gobierno, siempre fueron presididos por un Consejo de Guerra. Los observadores internacionales y la oposición guineana no se cansaron en denunciarlo y acusar la falta de garantías jurídicas procésales.
El Fiscal General del Estado, debió estudiar en la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid, que ha formado a varios guineanos. Precisamente, Nzambi Nlonga es uno de los abogados no sólo experimentados sino capacitados. Antiguo profesor y desde hace mucho asesor jurídico del ministerio de Minas y Energía [ministerio que dirige las explotaciones del petróleo], pero desde que fue nombrado Fiscal General del Estado, en sustitución del eminente abogado Eloy Eló Nvé Mebengono, cofundador y dirigente de FDR [exiliado en España], parece haberse especializado en juicios sumarísimos contra los principales dirigentes de la oposición al régimen de Malabo.
Recientemente, el 29 de abril, ordenó el ingreso en prisión de Black Beach [una de las instituciones penitenciarias muy peligrosas en África negra], al Secretario General de Unión Popular, el abogado Fabián Nsue Nguema, acusado de „injurias y difamación“ al jefe del Estado.
Sus denuncias, en su condición de Fiscal General del Estado, parecen orientarse únicamente a la invalidación política de los líderes de la oposición democrática, cuyos juicios siempre han recibido virulentas críticas por los observadores nacionales e internacionales, por falta de garantías jurídicas.
Desde que asumió la Fiscalía General del Estado, la criminalidad y los asesinatos se han agudizado en el país, sin que hasta la fecha pusiera en práctica sus „altísimas“ facultades de Fiscal General del Estado, ya que sus autores permanecen en la más absoluta impunidad. Él mismo, en sus informes anuales, no cesa de denunciar esta situación, cuya solución parece esperar de un otro fiscal del Estado, si no de la divinidad. En su discurso de este año, sorprendió su talento en denunciar la existencia de tráfico de inmigrantes juveniles y de trabajadores autómatas en Guinea Ecuatorial.
El actual juicio pone a prueba una vez más su voluntad de aniquilar o no a la oposición democrática y sus líderes.
Fuente: La Diáspora
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