Por: Fernando Ledesma Ibáñez/ Abogado. Observador imparcial en el macro-juicio en Malabo
He asistido, en calidad de observador integrado en la delegación desplazada a Guinea Ecuatorial a tal efecto, al juicio que se viene celebrando desde el día 23 de mayo en el Cine Marfil de Malabo, capital de la República. Mi propósito con estas líneas es describir y comentar brevemente, desde un punto de vista estrictamente personal, la situación que allí se está produciendo, atendiéndome exclusivamente de lo que he podido ver y escuchar directamente de boca de las personas que han intervenido en dicho juicio y de los propios procesados que han prestado declaración durante las sesiones de la vista oral que he presenciado.
Comenzando el análisis desde la perspectiva del derecho procesal, debo subrayar que no se puede siquiera hablar de juicio sino de “simulacro de juicio”, dado que en la referida actuación en el Cine Marfil, ante un numeroso público local vigilado por un nutrido grupo de agentes de la policía militar, carabina en mano, y presidido por los integrantes de la delegación internacional, representantes diplomáticos y diversas autoridades del régimen, encabezadas por el responsable de la seguridad presidencial, se están vulnerando, sin excepción, todos y cada uno de los principios básicos que conforman el sistema de garantías y de protección de los derechos fundamentales propio de un Estado de Derecho.
Me estoy refiriendo a personas detenidas y encarceladas durante varias semanas sin saber siquiera de qué se les acusaba; sin tener acceso a un abogado; brutalmente torturados, en algunos casos directamente por militares de alto rango y cuyos nombres propios coinciden con los de familiares directos del Jefe del Estado. Declaraciones así obtenidas al dictado de los propios torturadores, mientras golpeaban a sus víctimas atadas de pies y manos y colgadas de una barra, con los ojos vendados, no quedándoles más remedio que asentir y firmar cualquier cosa que se les pusiera delante “...con tal de que se terminara el calvario”, según el escalofriante relato a la sala de alguno de los procesados. Así, ante las preguntas del Ministerio Fiscal sobre por qué motivo se empeñaba en negar en ese acto lo ya admitido en anteriores declaraciones, una de las víctimas contestó, con una autoridad y una dignidad sobrecogedoras: “porque esto es un Tribunal y aquí se viene a decir la verdad, aunque ello me cueste la vida y mañana ya no esté aquí”, dirigiéndose a continuación al auditorio y a los miembros de las delegaciones extranjeras presentes para implorar, antes de que el tribunal le interrumpiera, un dramático “...os pido socorro hermanos, no me abandonéis...”.
No me extenderé, pues resulta sin duda innecesario utilizar adjetivos para calificar lo incalificable. Únicamente añadiré que, en este contexto, hablar de que existe una total inseguridad jurídica en cuanto al derecho aplicable; de que no se han respetado ni las formas, ni los plazos, ni los posibles recursos legalmente previstos; de que existe una evidente indefensión, dado que en ningún caso se procede a la determinación de los hechos concretos, ni de la concreta participación de cada uno de los supuestamente implicados en dichos hechos; de que los abogados defensores no han tenido tiempo material, ni posibilidad de ver a sus defendidos para preparar adecuadamente su defensa, etcétera, etcétera, hablar en definitiva de cuestiones de este tenor, equivale a entrar en el terreno de lo sutil. Así al menos lo debió entender el Presidente del Tribunal, que, como contestación a las cuestiones de orden procesal planteadas por los abogados defensores al comienzo o durante la vista oral, se limitó a rechazar todas ellas sin ninguna argumentación y apoyándose en expresiones literales de la naturaleza “jurídica” de la siguiente: “señor abogado, no insista, aquí no estamos para discutir eso”. Ciertamente. Más claro no se puede ser.
Pero más grave incluso es, en mi opinión y entrando ya en el fondo del asunto, cuanto atañe a los hechos que sirven de base para sustentar la imputación de un supuesto intento de golpe de Estado del que derivarían los supuestos delitos de “atentado contra el Jefe de Estado y contra la forma de gobierno, conspiración e inducción a la rebelión”. Y digo más grave porque, en este punto, a la crueldad y barbarie ya descritas se añade la hipocresía de la perversión y burla del ordenamiento jurídico vigente en el país, por el que formalmente Guinea Ecuatorial es un Estado de Derecho en el que existe libertad política. Los referidos hechos se centran en la supuesta actividad de reclutamiento de personas para “fines terroristas de desestabilización” por parte del principal acusado, D. Felipe Ondó, y diversos de sus supuestos colaboradores, que se concretaría en supuestas reuniones celebradas “en fecha no precisada del presente año dos mil dos” en las que se habrían elaborado planes concretaos para llevar a cabo operaciones militares concretas.
Comenzando por subrayar que las declaraciones de los procesados previas al acto de juicio oral en que se basan dichos cargos han sido obtenidas en la forma que ya antes he precisado, nuevamente me atengo en cuanto a mis comentarios sobre este punto exclusivamente a lo manifestado por todas y cada una, sin excepción, de las personas que han declarado en dicho acto de juicio, que han negado rotundamente dichos hechos, se han ratificado, con un lujo de detalles difícil de digerir e innecesario de reproducir, en cuanto a las torturas sufridas cuando firmaron sus declaraciones previas (algunos de ellos con las muñecas fracturadas, las manos colgando del antebrazo sin gobierno y los tobillos destrozados) y explicado que lo único cierto de toda esta historia, es que estaban intentando proceder a la legalización del partido FUERZA DEMÓCRATA REPUBLICANA (FDR) para lo que necesitaban conseguir un determinado número de firmas exigido por la Ley, apoyos que estaban tratando de recabar en la región continental de Mongomo (que el Presidente Obiang considera su propio feudo y base de su poder y donde Felipe Ondó también cuenta con un importante respaldo) de forma que el documento fundacional de dicho partido pudiera elevarse a público e inscribirse en el registro correspondiente. Y ello únicamente en lo que respecta a Felipe Ondó, líder de dicho partido en trámite de legalización y de sus más directos colaboradores, puesto que la gran mayoría de las ni más ni menos que ciento cuarenta y cuatro personas, incluido ancianos enfermos, adolescentes y mujeres, acusadas en este juicio por estar supuestamente implicadas en estos hechos, sólo lo están por tener la mala fortuna de ser parientes, amigos o simples paisanos con algún contacto con el referido líder político y por ello, es de suponer, potenciales afiliados o simpatizantes de su partido.
Capítulo aparte merece el caso del abogado y secretario general del partido CONVERGENCIA PARA LA DEMOCRACIA SOCIAL (CPDS) Plácido Micó, cuya participación en los supuestos hechos es nula, puesto que, como líder de otro partido, obviamente nada tiene que ver con los intentos del FDR de obtener los apoyos necesarios para cumplir los requisitos previstos en la Ley de Partidos Políticos vigente en el país. Su procesamiento es la mejor prueba de que lo único que se pretende en realidad con esta farsa es eliminar a la oposición de cara a las próximas elecciones, posiblemente ante el temor del régimen de que, una vez legalizado el FDR, ambos partidos políticos pudieran consolidar una coalición electoral con posibilidades reales de éxito. Así, en la siniestra lógica de los organizadores del “evento”, ya que éste se monta con el consiguiente desgaste previamente calculado, ¿por qué no aprovecharlo para matar dos pájaros de un tiro y dejar a toda la posible oposición política en el país descabezada?
Lo cierto es que la única prueba de cargo que existía contra él, la declaración del procesado César Elá Ondó implicando al Sr. Micó en una de esas supuestas reuniones conspirativas, se ha desmoronado completamente dado que todos los supuestos participantes en dicha reunión han declarado que Plácido Micó nada tiene que ver con estos hechos y el propio César Elá Ondó ha declarado, a pesar de la velada advertencia del fiscal, que le recalcó, con gran énfasis y en tono intimidatorio, que su declaración era pieza clave en este juicio, que ni siquiera conoce a Plácido Micó y que sólo incluyó su nombre bajo tortura, añadiendo literalmente que “que en este país la verdad no vale nada, sólo cuando mientes te dejan de pegar”. Como premio a su valentía, en la siguiente sesión del juicio César Elá Ondó presentaba rasgos evidentes de haber recibido cumplidamente su “recompensa”, tras su regreso al siniestro penal de Black Beach después de haber prestado declaración.
Hasta aquí el relato fiel de lo que he visto y oído durante estos días, contado con la mayor frialdad de la que me siento capaz con los hechos narrados tan frescos en mi memoria. Pero me permitiré añadir antes de concluir algunas valoraciones, igualmente en un plano estrictamente personal.
A pesar de todo lo relatado, sensación que prevalece en mí después de lo intensamente vivido estos días en Malabo es positiva en un único sentido. Más allá de la impotencia, la rabia o la frustración experimentadas ante los hechos expuestos, vuelvo impresionado y lleno de una profunda admiración por la dignidad, la entereza y el valor con los que he visto comportarse, aun a riesgo de su integridad física e incluso de su vida, a unas personas que pertenecen a una civilización que, desde nuestra privilegiada atalaya en el primer mundo, es muy cómodo ignorar. Ciudadanos de una lejana república ecuatorial, heredera de nuestro pasado predemocrático, que es su triste presente, muchos de ellos pobres de solemnidad mientras su país es uno de los principales productores de petróleo de toda África, su único patrimonio es la verdad. No dejemos que se lo roben, con nuestros representantes y los del resto de la comunidad internacional como testigos, utilizando nuestra presencia, nuestras leyes y nuestros ritos procésales como instrumentos para dar apariencia de legalidad al atropello.
Precisamente en esta apariencia de legalidad se basa el inmenso error de estas personas que, no lo olvidemos, ha sido creer que el ordenamiento jurídico vigente en el país permitía la legalización de un partido político con el objetivo de llegar al gobierno de la nación sustituyendo a los actuales gobernantes. La terrible paradoja es que así es, lo que no es óbice para estas personas, por haber perseguido ese legítimo objetivo, puedan muy pronto ser condenadas a la pena de muerte, o a pasar el resto de su vida o buena parte de ella encerrados en un terrible penal en condiciones inhumanas, lo que equivale a una muerte en vida.
No cabe lavarse las manos frente a esta realidad. Las instituciones que vertebran la comunidad internacional y en especial los gobiernos de los estados occidentales con mayor presencia en el país, España, Francia y Estados Unidos, tienen medios e influencia más que suficientes para impedir que esta farsa se consume e incluso, siendo más ambiciosos, para lograr que estos lamentables hechos se conviertan en un verdadero punto de inflexión y que muy pronto podamos ver unas elecciones libres y democráticas de las que resulte un gobierno de uno u otro signo político, pero legítimo y sometido al imperio de la Ley en el marco de un verdadero Estado de Derecho en la República de Guinea Ecuatorial.
Fuente: Fernando Ledesma Ibáñez
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