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Editorial

Amnistía afirma que el juicio de Malabo careció de garantías y se basó en torturas a los acusados


publicado por: La Díaspora Boletín informativo para la communidad ecuatoguineano en el extranjero el 17/06/2002 13:54:48 CET

MALABO, 13 jun (EUROPA PRESS).- Amnistía Internacional (AI) exigió hoy a las autoridades de Guinea Ecuatorial que vuelvan a juzgar en un tiempo razonable o concedan la libertad a los cerca de 70 opositores que fueron condenados este pasado domingo por su supuesta participación en una conspiración para derrocar y asesinar al presidente ecuatoguineano, Teodoro Obiang Nguema. AI basa sus petición en que el proceso careció de garantías y en que las declaraciones probatorias fueron tomadas mediante torturas durante el tiempo que los condenados estuvieron detenidos.

Estas sentencias, que oscilan entre seis y los 20 años, fueron pronunciados por un tribunal civil en Malabo, tras más de dos semanas de juicio contra 144 personas, en su mayoría dirigentes y activistas de la ilegal Fuerza Demócrata Republicana (FDR), que fueron detenidas, en su mayoría, el pasado mes de marzo.

Felipe Ondó Obiang y Guillermo Nguema Elá, dirigentes de la FDR, fueron condenados respectivamente a 20 y 14 años de cárcel. Asimismo, el secretario general de la legal Convergencia para la Democracia Social (CPDS), Plácido Micó, fue sentenciado a 14 años de prisión por su supuesta implicación en los hechos.

“Estas sentencias fueron dictadas después de un juicio sin garantías en el que no presentaron evidencias contra ninguno de los acusados, muchos de los cuales habían sido torturados para obligarlos a confesar”, señala la organización en un comunicado.

Este juicio, según AI, estuvo marcado por serias violaciones de los Derechos Humanos y por abusos de procedimiento tales como el uso de confesiones obtenidas bajo tortura de las que propios acusados se retractaron durante la vista. A pesar de ello, el tribunal ignoró las acusaciones de torturas a pesar de las visibles marcas de torturas que mostraban en sus cuerpos, prosigue el comunicado.

Amnistía denuncia también la ausencia de una defensa adecuada, ya que los abogados sólo pudieron examinar los cargos contra sus clientes un día antes del inicio del juicio, así como la falta de independencia del tribunal y de sus miembros, nombrados por las autoridades.

“Todo el juicio se fabricó mediante el recurso a la tortura”, afirma Amnistía. Algunos de los acusados tenían las muñecas rotas después de sufrir torturas durante dos meses en régimen de incomunicación carcelaria. En ciertos casos, los presos fueron colgados de una barra de hierro con las manos y los pies atados.



TORTURA DURANTE EL JUICIO



Asimismo, Amnistía asegura en el comunicado que le consta que las torturas prosiguieron durante lasa fechas del juicio. Algunos de los acusados que se retractaron de sus confesiones obtenidas bajo tormento fueron posteriormente torturados en prisión aparentemente como represalia.

Aparte, las propias condiciones de vida en las cárceles ene que permanecieron durante el proceso agravaron la situación de los acusados, que permanecieron desnudos en celdas de escasas dimensiones. Ninguno tuvo acceso a cuidados médicos y se les denegó el derecho a recibir alimentos de sus familiares.

Amnistía pide en su comunicado que se lleve a cabo una investigación sobre las acusaciones presentadas por los acusados y que los presuntos autores de las torturas sean llevados ante la justicia, de acuerdo con los procedimientos contemplados por las normas internacionales sobre juicios justos.

Asimismo, Amnistía considera que los acusados tienen derecho a apelar las sentencias, por lo que insta a la comunidad internacional a que presione a las autoridades de Malabo para que organicen un nuevo juicio que se base en el respeto a las normas internacionales y en el que se proteja a los acusados de las prácticas de torturas y malos tratos.

“Si actuase así, la comunidad internacional mandaría una señal positiva después de la decepcionante decisión adoptada hace semanas en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de poner fin al mandato del Representante Especial para Guinea Ecuatorial, después de casi 20 años de supervisión internacional sobre la situación de los Derechos Humanos en este país”, añade Amnistía en su comunicado.



Fuente: Europa Press

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