El 14 de noviembre de 2020, se celebró en Malabo la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de CCEIBank Guinea Ecuatorial, presidida por el Ministro de Hacienda, Economía y Planificación, Valentin Ela Maye en representación del estado ecuatoguineano como supuesto nuevo accionista mayoritario de la entidad financiera. La asamblea tuvo como principal objetivo, repartir entre los accionistas el capital social de la entidad financiera que ascendía a los 10.000.000.000 Fcfa dividido en 100.000 acciones de 100.000 Fcfa cada una.
La reunión se convoca cinco meses después de que, el entonces Ministro de Hacienda, Cesar Augusto Mba Abogo en representación del estado ecuatoguineano y los principales accionistas de CCEIBank GE, Afriland First Group y Afriland First Bank Cameroun, firmaron el 14 de julio de 2020, un Convenio de Cesión de Acciones según el cual, el estado de la República de Guinea Ecuatorial adquiere el 66% de sus acciones por un monto inicial de 30.000.000.000 Fcfa.
Como consecuencia de ese acuerdo, el Estado ecuatoguineano nombró tres nuevos miembros del Consejo de Administración de CCEIBank GE, Mariola Bindang Obiang, Felix Nguema Mba y Rafael Tung Nsue Bilogo en representación del Estado ecuatoguineano. Sin embargo, Buenaventura Nguema Envo representaría a los accionistas privados y el exfuncionario de la BDEAC, Daniel Ako’o Menene, como administrador independiente.
La decisión unilateral del Estado ecuatoguineano fue cuestionada por los todavía principales accionistas del banco, Afriland First Group y Afriland First Bank Cameroun, acusando al gobierno ecuatoguineano de violar las normas jurídicas, recordandole también que, hasta que el gobierno ecuatoguineano no abone el precio total de las acciones, el grupo camerunés “seguirá siendo el propietario del banco”.
Esta información forma parte de GQLeaks, una filtración masiva de más de un millón de correos electrónicos procedentes del Centro Nacional de Informatización de la Administración Pública de Guinea Ecuatorial que un denunciante anónimo entregó a DDoSecrets y compartidos con Diario Rombe.
De acuerdo con el acta de la Asamblea General Extraordinaria constituida para apropiarse de las acciones indebidas, el estado ecuatoguineano se adjudicó 7.600.000.000 Fcfa correspondiente al 76% de las acciones. Sin embargo, siempre según el acta que forma parte de los documentos de GQLeaks, la mayoría de los oligarcas del distrito de mongomo se repartieron el 24%.
El grupo Abayak, SA, un holding propiedad del dictador ecuatoguineano, su esposa, Constancia Mangue Nsue Okomo y el hijo de ambos, el corrupto vicepresidente del gobierno, Teodoro Nguema Obiang Mangue, se hicieron con el 9% de las acciones equivalente a 900.000.000 Fcfa. Entre los accionistas minoritarios destacan, Antonio Mansogo Ndong (4%), Carina Obono Nguema (3%), Buenaventura Nguema Envo (3%), Ambrosio Engonga Mbo (1,5%), Alfredo Mukudi Nang (0,9%), Otomendjimi (1,6%) y el hijo del dictador, director general de Abayak, Pastor Hassan Obiang Mangue (1%).
El grupo camerunés impugno en una carta las artimañas del gobierno de Obiang para adjudicarse las acciones de Afriland First Group y Afriland First Bank Cameroun, advirtiéndole de las graves consecuencias por su “comportamiento tendiente a usurpar la capacidad de accionista del CCEIBank GE”
La situación real del CCEIBank GE
La crisis de los precios del petróleo, que empezó entre principios de junio de 2014 y diciembre de 2015, provocó un crecimiento negativo para la economía ecuatoguineana. Esa situación, desencadenó un deterioro considerable en las finanzas públicas, las cuentas corrientes externas, y una rápida acumulación de atrasos en los pagos a las constructoras que dependen especialmente de la contratación pública, entre ellas, constructoras vinculadas directa e indirectamente a los oligarcas del distrito del dictador.
Estos millonarios créditos morosos que el banco CCEIBank GE concede a las constructoras —como adelantó Diario Rombe en su artículo publicado a finales de agosto de 2020—, están avalados en su totalidad por el estado ecuatoguineano. Este hecho, provocó que el CCEIBank GE se encuentre desde hace tiempo endeudado en el mercado monetario con un agujero de más de 185.000.000.000 Fcfa.
Según un escrito de 8 de octubre de 2021 del nuevo director general de CCEIBank Guinea Ecuatorial, Agapito Teodosio Nguema Ona —casado presuntamente con la nieta del dictador ecuatoguineano—, dirigido al Ministro de Hacienda,Valentin Ela Maye, el CCEIBank atraviesa una situación delicada como consecuencia del “error del gobierno de haber facilitado en crédito todos los depósitos de la clientela”.
Para subsanar el gravísimo error que ha venido cometiendo el gobierno ecuatoguineano y evitar la desconexión de CCEIBank GE, Agapito Teodosio Nguema Ona, sugiere la imperiosa necesidad de ampliar el capital social con una inyección de 190.670.000.000 Fcfa que deberían asumir los principales accionistas de CCEIBank, es decir, los oligarcas del distrito de Mongomo.
Según Agapito Teodosio Nguema Ona, más del 90% de los créditos endeudados han sido concedidos directa e indirectamente a empresas de construcción con el aval del estado ecuatoguineano. Al menos hasta 2021, siempre según los documentos de GQLeaks, estas empresas debían al CCEIBank GE más de 534.864.000.000 Fcfa.
Las constructoras y las foráneas —algunas abandonaron el país— alegan no poder hacer frente a los créditos adeudados, porque dependen únicamente de los fondos que les adeuda el gobierno. Ante esta posición que era previsible, el director del banco comunica al gobierno ecuatoguineao “la imposibilidad de poder cobrar las deudas”. Sin embargo, asegura en la misma carta al Ministro, Valentín Ela Maye, que de los “534.864.000.000 Fcfa que adeudan las empresas al banco, sólo pueden cobrar 35.745.459.379 Fcfa”
La totalidad de los créditos que deben las constructoras al banco CCEIBank desde el boom petrolero alcanzan los 293.194.452.322 Fcfa. Y ante esta tesitura, el director general de CCEIBank llega a la conclusión de que el banco debería buscar un capital de 200.000.000.000. Fcfa.
El origen de la crisis de CCEIBANK
Con el estallido de la crisis económica, el régimen ecuatoguineano se encontró ante la incapacidad de poder afrontar la millonaria deuda de las constructoras frente al CCEIBank GE. Dada la dimensión e importancia de los compromisos del gobierno ecuatoguineano con empresas dependientes de la contratación pública, el Banco CCEIBank GE se vio especialmente afectado por esa morosidad. Por lo tanto, «hubo un aumento continuo en la morosidad del Banco, que pasó de 147,3 mil millones de FCFA (es decir, el 21% del total de préstamos brutos) a finales de 2014 a casi 255,1 mil millones en agosto de 2018, que representa casi el 37% de las cuentas por cobrar»,aseguró el entonces Ministro Cesar en su informe.
Para que se hagan una idea de cómo funcionaba la concesión de créditos a favor de las constructoras ecuatoguineanas y extranjeras. Las constructoras se presentaban ante el banco con un “certificado de orden de servicio” otorgado por la Oficina Nacional de Planificación y Seguimiento de Proyectos de Guinea Ecuatorial (GE-Proyectos), empresa pública dirigida por la hija del dictador, Francisca Obiang Makendengue. Aquí habría que incidir con especial atención sobre las comisiones que están obligados a pagar muchas constructoras a cambio de obtener el valioso “certificado de servicio”.
El CCEIBank no exigía a las empresas la documentación necesaria para probar que tienen ingresos estables y, además, superiores a las obligaciones que pretendían adquirir con el banco. El banco camerunés incumplió uno de los principios más básicos e importantes para la concesión de créditos bancarios y de su propia supervivencia.
Es importante precisar que llegados a este punto, durante el periodo del boom petrolero, el dictador aconsejó a los oligarcas de su distrito que constituyeran empresas, aunque no tuvieran oficinas, tal como lo reconoció la entonces embajadora de Guinea Ecuatorial en España, Purificación Angue Ondo.
Tal escenario, como diría la Comisión Especial compuesta por Salvador Ondo Nkum, “presagiaba la desestabilización de la economía ecuatoguineana”. CCEIbank GE se quedó sin fondos para cumplir con sus acreedores, sobre todo, los depositantes ecuatoguineanos, lo que significa que, “está técnicamente en quiebra”.
El BEAC al rescate de CCEIBank GE
La estabilidad del banco dependía únicamente de la refinanciación del Banco Central. El 18 de diciembre de 2018, las autoridades ecuatoguineanas, a través del entonces Ministro de Finanzas, Economía y Planificación, Lucas Abaga Nchama, firmó con el entonces director general de CCEI Bank GE, Joseph Célestin Tindjou, un convenio de titulización de la deuda del Estado, según el cual, el banco CCEIBank GE pignora a favor del BEAC los derechos de créditos sobre dos principales deudores, SOMAGEC GE —la familia obiang son sus accionistas— y el grupo Abayak SA.
Sin embargo, el BEAC tenía sus propias condiciones, una de ellas, era que el banco CCEIBank GE reforzará los derechos de créditos de Somagec GE y Abayak SA, debido a las serias dudas sobre la efectividad de los mismos. Así fue como, al menos, Somagec GE suscribió un contrato con CCEIbank GE, según el cual, SOMAGEC transfería a CCEIBank GE su deuda reclamada al estado ecuatoguineano.
Con el acuerdo firmado como parte de la garantía exigida por el BEAC para rescatar al banco, el BEAC aperturó una línea de aprovisionamiento semanal de 15.000.000.000 Fcfa a favor de la tesorería del banco para asegurar su liquidez. Sin embargo, los derechos de crédito de Abayak SA no entraron en el acuerdo, ya que, Abayak es el estado y el estado es Abayak.
La emisión de bonos públicos
El 13 de febrero de 2019, los entonces ministro de hacienda, Lucas Abaga Nchama y el Director de CCEIBank GE, Joseph Célestin Tindjou, firmaron un contrato de titulización de la deuda del estado frente al CCEIBank.
Según el acuerdo, los 290.999.970.000 Fcfa adeudados por el gobierno ecuatoguineano ahora adquiridos por el BEAC, serán amortizados durante los próximos 10 años, acordando un año de gracia durante el cual, el estado ecuatoguineano solo pagaría intereses y una tasa fija de interés del 5%, “conforme al calendario de vencimiento de los títulos emitidos al efecto contra el tesoro público de Guinea Ecuatorial”, teniendo que abonar, un monto de 19.404.520.780 Fcfa todos los días 31 de diciembre de cada año hasta el 31 de diciembre de 2034.
Esta operación financiera ejecutada por Lucas Abaga Nchama, tuvo graves consecuencias para él con el gobierno. El dictador se enfureció, pues según los documentos de GQLeaks, misteriosamente Teodoro Obiang no tenía conocimientos de “la emisión de la deuda del tesoro público a favor del BEAC”.
Según el entorno del dictador, Lucas Abaga había actuado al margen de los procedimientos legales para la emisión de los bonos —como si a los Obiang les importase el respeto de las leyes y el cumplimiento de los acuerdos—. Y como consecuencia de este acto irregular, el dictador exigió el cese fulminante de Lucas Abaga Nchama que fue efectivo el 17 de mayo de 2019.
El FMI y la irregularidad en la emisión de los bonos
Un documento interno preparado por el equipo del Fondo Monetario Internacional con fecha 28 de abril de 2019, dirigido al nuevo ministro de hacienda, Cesar Augusto Mba Abogo, cuestionó también la titulización de los bonos ejecutados por Lucas abaga, reconociendo “la posible irregularidad en la emisión de esos bonos”.
Contra todo pronóstico, el FMI dijo en el mismo escrito que entre otras cosas, no recomienda ni apoya supuestamente la ejecución de transacciones financieras irregulares. Sin embargo, según queda reflejado en el mismo escrito, a pesar de la irregularidad que obligó al régimen destituir al ministro, el FMI aplaudió la emisión de los bonos ejecutados por Lucas Abaga Nchama.
Para el organismo internacional —que ha sido duramente cuestionada en diferentes foros por su apoyo a las dictaduras—, la transacción irregular realizada por Lucas Abaga, consiguió estabilizar la situación financiera de CCEIBank GE. Antes de esta operación irregular, recuerda en su escrito el FMI, “CCEIBank GE sufría una aguda falta de liquidez y tenía un alto nivel de cartera en mora”.
“Contar con estos bonos irregulares y utilizarlos como daño colateral”, reivindica el Fondo Monetario Internacional, “ha permitido al CCEIBank GE financiarse en el mercado interbancario y seguir obteniendo financiación del BEAC”.
La anulación de los bonos
Tras la destitución fulminante de Lucas Abaga Nchama el 17 de mayo de 2019 por las “irregularidades cometidas”, el dictador nombró en el cargo a Cesar Augusto Mba Abogo, encomendándole la urgente misión de anular el acto de titulización de bonos realizado por su predecesor Lucas Abaga Nchama, con el fin de restablecer la presunta “legalidad” de la operación. El objetivo de Obiang, no era otra que anular el compromiso adquirido frente al BEAC y buscar los fondos para rescatar el banco por otras vías.
El Fondo Monetario Internacional advirtió al gobierno ecuatoguineano de las consecuencias que supondría para la economía ecuatoguineana aventurarse a anular los títulos de bonos irregulares ejecutados por Lucas Abaga. Según este organismo internacional, el Estado ecuatoguineano tiene la plena libertad y autonomía para “rectificar cualquier irregularidad que haya existido en la emisión de los bonos».
No obstante, siempre según el escrito interno del FMI, no es aconsejable anular los títulos de bono sin tener un plan alternativo para reemplazarlos de inmediato y logre los mismos efectos que los obtenidos por Lucas Abaga Nchama, pues, “pondría en riesgo la estabilidad del sistema financiero en su conjunto, el cual podría ser objeto de una corrida bancaria”. Para el FMI, la operación de lucas abaga era un mal menor por el posible default que se asomaba al país.
El plan B de Cesar Augusto Mba Abogo
El entonces Ministro de Hacienda, Cesar Augusto Mba Abogo remitió una carta al dictador ecuatoguineano fechada el 24 de junio de 2019, proponiendo no sólo la misma operación que realizó Abaga Nchama, sino con un pequeño matiz, “corregir las deficiencias observadas en el cumplimiento de las normas y procedimientos internos en materia de endeudamiento y gestión de la deuda pública en Guinea Ecuatorial”.
Para ello, se le ocurrió al ministro ecuatoguineano solicitar al dictador autorización para contratar en noviembre de 2019, los servicios de la consultora londinense, White & Case quien supuestamente le ayudaría en la reestructuración de la operación de titulización de bonos frente al BEAC.
Cesar Augusto Mba Abogo planteó también al dictador la posibilidad de realizar una “anulación retardada de tales obligaciones y la constitución de una administración provisional para dirigir CCEIBank”.
A mediados del 2019, el BEAC tomaría la drástica decisión de reducir la refinanciación del banco por un importe semanal de 15.000.000.000 Fcfa, debiendo las autoridades ecuatoguineanas presentar con urgencia dentro del mismo año 2019, una estrategia que permitiera al CCEIBank GE seguir beneficiándose de la financiación.
Si no se presenta en los plazos establecidos, recordó Cesar Mba Abogo al dictador “CCEIBank está destinado a la quiebra, lo que supone la materialización de un riesgo sistémico que la autoridad monetaria tiene la obligación de evitar”.
La comisión de los 16
El 22 de julio de 2020, por orden del Primer Ministro ecuatoguineano, Francisco Pascual Obama Asue, se constituyó una Comisión Especial para “articular y proponer” fórmulas que permitan al gobierno anular la emisión de los bonos sin poner en riesgo el sistema financiero del país y para que el CCEIBank GE siguiera beneficiándose de la prefinanciación del BEAC.
La comisión especial estaba liderada por el ministro de justicia, Salvador Ondo Nkum e integrada por el entonces ministro de hacienda, Cesar Augusto Mba Abogo; el Viceministro de hacienda, Valentín Ela Maye; el Ministro de Pesca, Hermes Ela Mifumu; la Secretaria de Estado Encargada de la Tesorería, Milagrosa Obono Angue; el Fiscal General de la República, Anatolio Nzang Nguema Mangue; el Consejero de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Gobierno, Pedro Ondo Ngua; y el Consejero del Gobierno Encargado de la Abogacía del Estado, Francisco Evuy Nguema. También formaron parte de la comisión en calidad de invitados, Alberto Doria Lajay, Rimmé Bosió Riokalo; Rafael Tung Nsue; Lucas Abaga Nchama; Estanislao Don Malavo, Sergio Abeso Tomo, José Pablo Nvó Owono Aviri y Leoncio Feliciano Esono Nzé.
Con el objetivo de evitar adeudos en la cuenta de operaciones del estado ecuatoguineano, la comisión especial de los 12 propuso informar únicamente al BEAC la anulación de los títulos de bonos sin más explicaciones, sin embargo, este escenario, según el informe que forma parte de los documentos de GQLeaks, “desconectaría automáticamente al CCEIBank GE”, estimando que dejaría de operar en 7 días.
De acuerdo con la propuesta de la Comisión Especial, una vez anulada la emisión de bonos, los accionistas o inversores deberían ampliar el capital con 480.000.000.000 Fcfa.
El ministro de Hacienda, Cesar Abogo, formuló la anulación de los títulos que estaban en poder de BEAC, petición que fue aprobada por el gobernador de BEAC, cuya titulización quedaría suspendida durante al menos 6 meses.
Sin embargo, según la Comisión Especial, 14 meses después de la entrada en vigor de la moratoria de anulación promovida por Cesar Mba Abogo, el gobierno se encontró con un grave problema que pudo haber provocado que se declarara a Guinea Ecuatorial en bancarrota.
Según los documentos de GQLeaks, el BEAC advirtió al estado ecuatoguineano del inminente vencimiento del primero de los títulos de bono, y del consiguiente adeudo automático de la cuenta de operaciones del Estado ecuatoguineano de 14.000.000.000 Fcfa, si no se procedía voluntariamente al pago antes del día 13 de agosto de 2020, el país africano sería declarado oficialmente en bancarrota.
El entonces Ministro de hacienda, Cesar Mba Abogo justificó la desastrosa operación, siempre según los documentos de GQLeaks, como consecuencia de su propia incapacidad de “hallar una fórmula para anular la titulización sin dejar que el banco CCEIBank caiga en quiebra”.
La compra de las acciones de Afriland First Bank: La solución final
Las autoridades ecuatoguineanas esbozaron como objetivo principal, expulsar al grupo camerunés, Afriland First Bank de Guinea Ecuatorial que controla el 66% de las acciones del banco y para que, “no se aproveche de los beneficios futuros después de rescatar al banco”.
El régimen de Malabo ordenó la constitución de una Comisión Negociadora liderada por Hermes Ela Mifumu e integrada por el ex ministro de Hacienda, Lucas Abaga Nchama —cesado en el cargo por irregularidades en la emisión de bonos— y el letrado, Sergio Esono Abeso Tomo, quienes se encargaron de la negociación del precio de adquisición del banco.
El grupo camerunés fijó el precio inicial del 66% de sus acciones en 180.000.000.000 Fcfa. Sin embargo, tras una negociación aparentemente “difícil”, la Comisión Negociadora consiguió una rebaja de precio hasta alcanzar los 30.000.000.000 Fcfa, pagadero en 3 plazos dentro de los 9 meses después de firmar el contrato, el 14 de julio de 2020.
Qué criterio utilizó la Comisión Negociadora liderada por Lucas Abaga y Sergio Abeso para que los cameruneses aceptasen rebajar más del 80% del supuesto precio real de las acciones que pretendían vender al estado ecuatoguineano. La disparatada disminución de la desorbitada cuantía inicial exigida por el grupo camerunés que administró el banco desde sus inicios hasta su quiebra técnica generó serias sospechas contra los negociadores de la parte ecuatoguineana.
Anular el contrato de cesión de acciones
Según fuentes extraoficiales consultadas por Diario Rombe, el entonces Ministro de Hacienda, Cesar Mba Abogo,
manejaba presuntamente información privilegiada que habría utilizado
ante el dictador ecuatoguineano para desautorizar a la comisión
negociadora con la promesa de hacerse con el banco sin pagar un precio.
Así quedaría reflejado en un email fechado el 21 de enero de 2020, entre
el entonces Secretario de Estado en el ministerio de hacienda, Rafael Tung Nsue Bilogo y el entonces ministro de Hacienda, Cesar Mba Abogo.
De acuerdo con el email que forma parte de los documentos de GQLeaks, Rafael Tung Nsue Bilogo responsabilizó al ministro, Cesar Mba Abogo envió una nota al Primer Ministro del Gobierno solicitando que interviniera para que no se volviera a negociar el precio de las acciones del grupo CCEIBank GE.
Por su parte, el entonces ministro Mba Abogo negó haber sido el responsable de boicotear a la comisión negociadora, “yo no he mandado una nota al PM (haciendo referencia al Primer Ministro) diciendo que no se vuelva a negociar el precio fijado por la comisión, solo digo en la nota que se tome una decisión”, recayendo toda responsabilidad en Rafael Tung como protagonista de promover ante el dictador ecuatoguineano la inhabilitación del grupo negociador con la promesa de adquirir el banco CCEIBank a un precio cero, y el presidente, recuerda Cesar Mba Abogo “mandato que se busque de reducir a la mitad. La penúltima nota la trabajaron usted y los directores”.
Las artimañas para apropiarse del banco gratuitamente
Como estrategia, el régimen de Obiang se planteó la posibilidad de preparar una poderosa demanda judicial contra los accionistas cameruneses, Afriland First Group y Afriland First Bank Cameroun, acusandoles de valerse de alguna astucia fraudulenta para lograr engañar a los miembros de la comisión negociadora, Lucas Abaga y Sergio Abeso y que el ministro Cesar Augusto firmará el contrato de cesión de acciones por 30.000.000.000 Fcfa.
Para no pagar el precio acordado y que el régimen consideraba presuntamente “no acorde a la realidad”, las autoridades ecuatoguineanas encabezadas por el ministro Cesar Mba Abogo, querían hacerse pasar por víctimas ante la Cámara de Comercio Internacional. Sin embargo, al no ejecutar esa maniobra judicial para hacerse con el banco a precio cero, la comisión especial de los 12 advirtió que, “la República de Guinea Ecuatorial se expondría a ser condenada por incumplimiento contractual, con el riesgo de asumir un coste mayor del que ahora, queremos evitar”.
Por temor a que, la demanda resultará contraproducente contrayendo serios problemas contra los accionistas ecuatoguineanos y que salieran a la luz sus felonías, los miembros de la comisión de los 12 concluyeron que, era prácticamente imposible actuar fuera del marco legal del contrato de cesión de acciones firmado el 14 de julio, pues, “ni es previsible que el grupo camerunés acepte voluntariamente renegociarlo, ni tampoco que salgamos victoriosos del eventual contencioso judicial”
El gobierno ecuatoguineano ideó otra arriesgada operación que consistía en explorar una fórmula para obtener una compensación económica tras abonar los 30.000.000.000 Fcfa como parte de la adquisición de las acciones del grupo camerunés. Esa reclamación sólo tendría éxito, siempre según las propias autoridades guineanas, “si los resultados de una auditoría global demuestra que la gestión de CCEIBank GE por parte de los accionistas cameruneses fue desleal o fraudulenta”. En cuyo caso, señala la comisión, “estaríamos en condiciones de exigir la reparación de daños y perjuicios”.
Incumplimiento del contrato
Los constantes incumplimientos de contratos por parte del régimen ecuatoguineano son ampliamente conocidos en los negocios financieros.Y esto, ha supuesto para el país africano innumerables procesos judiciales en tribunales extranjeros que han terminado condenando al pago de indemnizaciones millonarias.
Teniendo en cuenta estos precedentes, los miembros de la Comisión Especial sugirieron que se respetase los acuerdos alcanzados entre la Comisión Negociadora y posteriormente firmados por el gobierno, para evitar “un proceso judicial en el que Guinea Ecuatorial acabaría pagando más de lo debido”, advirtió el ministro de justicia, Salvador Ondo Ncum.
Tal como se desprende de los contratos establecidos entre Afriland y Guinea Ecuatorial, como el memorando de entendimiento del 21 de agosto de 2018 y el Convenio de Transferencia de Acciones del 14 de julio de 2020, los cameruneses ostentan el 66% de las acciones de CCEIBank Guinea Ecuatorial, lo que les ha convertido en principales acciones. Del 66% de acciones, el 13,87% pertenece a Afriland First Bank Cameroun S.A y el 52,13% corresponde a Afriland First Group S.A.
De acuerdo con el artículo 5.1 del Convenio de Transferencia de Acciones, el primer pago estaba previsto realizarse dentro del plazo de un mes, a partir de la fecha en la que Guinea Ecuatorial hubiese obtenido la autorización de la autoridad de supervisión bancaria para adquirir las acciones del grupo camerunés.
Las partes acordaron un calendario de pago, según el cual, el 50% de los 30.000.000.000 Fcfa, es decir, 13.000.000.000 Fcfa, se abonará un mes después de la firma del contrato. El 25% (6.500.000.000 Fcfa) en los 6 meses siguientes y el último pago del 25% (6.500.000.000 Fca) se pagaría 9 meses después.
Sin embargo, el 6 de noviembre de 2020, el gobierno ecuatoguineano es decir, tres meses después de que la Comisión Bancaria de África Central (COBAC) autorizará el 12 de agosto del mismo año, la transferencia del 66% de acciones del Grupo Afriland a la República de Guinea Ecuatorial, el estado ecuatoguineano empezó a crear incógnitas absurdas para no realizar los pagos según lo establecido.
En cuanto al primer pago de 13.000.000.000 Fcfa que corresponde al 50% de las acciones en venta, el régimen de Obiang dijo no haber podido realizar el pago como consecuencia de la negativa de la COBAC de ejecutar los pagos a favor de Afriland. Para el grupo Camerunés, los argumentos planteados por el estado ecuatoguneano carecían de fundamento y no podían constituir “un impedimento válido para una transacción libremente consentida y aprobada por la COBAC”.
Según fuentes de toda solvencia que ha pedido mantener en anonimato su identidad, Guinea Ecuatorial estaba tratando de ganar tiempo y buscar alguna artimaña para evitar cumplir los acuerdos. En este sentido, como quedaría reflejado en las comunicaciones entre el representante del grupo camerunés, Jean Paul Kamdem y Cesar Mba Abogo fechado el 20 de febrero de 2020, las autoridades ecuatoguineanas renegociaron los 30.000.000.000 Fcfa.
“También me parece importante repetir aquí”, hace especial hincapié el representante del grupo camerunés en su email dirigido al entonces Ministro Cesar, “lo que les dije ayer, a saber, que los acuerdos contenidos en el acuerdo se refieren a 26 000 000 000 FCFA siempre que se paguen en un máximo de 6 meses. Esta fue una reducción excepcional de 4,000,000,000 FCFA para compensar el pago en efectivo.”
El grupo camerunés justifica la reducción como consecuencia de la situación económica que afronta la economía ecuatoguineana. ¿Qué clase de información financiera estaría manejando el régimen de Obiang para tratar de hacerse con el bajo a un precio simbólico?. El régimen trató de forzar otra bajada de precio, que fue rechazada por la parte camerunesa, “Personalmente, creo que a este nivel no sería apropiado volver a los fundamentos del acuerdo.”, sentenció Jean Paul Kamdem.
El arbitraje: Lo inevitable
A principios de febrero de 2021, el grupo camerunés Afriland demandó a Guinea Ecuatorial ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por incumplimiento de contrato y le reclama $47.751.400 (29.731.850.996).
La demanda de arbitraje fue notificada a las autoridades ecuatoguineanas el 2 de marzo de 2021, sin embargo, según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe, las autoridades ecuatoguineanas no contestaron a la demanda dentro del plazo de 30 días previsto en el Reglamento.
A pesar de no prestar especial interés en la demanda millonaria que podría afectar los compromisos de Guinea Ecuatorial de cara a sus acreedores, el tribunal arbitral nombró de oficio a Aboudramante Ouattara co-árbirto por cuenta de Guinea Ecuatorial.
Descargar aquí los documentos:
https://drive.google.com/drive/folders/1aOMnalGF8KT_YHEwrJGrONuPkNcD8Di0?usp=sharing
