Hay preguntas que uno se hace con frecuencia cuando observa la realidad de Guinea Ecuatorial y trata de comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Son preguntas incómodas, pero necesarias. ¿Cómo ha sido posible que una misma familia haya gobernado durante décadas sin apenas oposición real? ¿Cómo puede ocurrir que personas inteligentes, formadas e incluso moralmente respetables sigan defendiendo a quienes han sido protagonistas de un sistema que ha empobrecido política, social y moralmente al país? ¿Qué explica que personajes cuestionados dentro y fuera de nuestras fronteras sean admirados por una parte de la población como si fueran salvadores nacionales?
Confieso que cada vez me cuesta más entenderlo. Y cuanto más lo pienso, más llego a la conclusión de que el problema no es solamente político. Es también cultural, psicológico y moral. Durante años se ha construido una narrativa destinada a convencer a los guineanos de que no existe alternativa posible, de que el poder pertenece por derecho natural a una élite determinada y de que cualquier crítica al régimen es poco menos que una traición a la patria. Esa narrativa, repetida durante décadas desde las instituciones, los medios de comunicación oficiales y los mecanismos de control del Estado, ha terminado por deformar la percepción de la realidad de muchas personas.
Al mismo tiempo, asistimos a un fenómeno que no ocurre únicamente en Guinea Ecuatorial, sino en buena parte de África. Muchos gobernantes han convertido el discurso antioccidental en una especie de religión política. Cada vez que alguien les exige transparencia, elecciones libres, respeto a los derechos humanos o instituciones democráticas, responden acusando a Europa y a Estados Unidos de todos los males imaginables. Hablan constantemente del colonialismo, de las injerencias extranjeras y de las supuestas conspiraciones occidentales. Sin embargo, detrás de esos discursos se esconde una profunda contradicción.
Porque los mismos dirigentes que denuncian a Occidente son quienes envían a sus hijos, esposas y amantes a vivir y estudiar en Europa y América. Son quienes compran mansiones en París, Madrid o Londres. Son quienes abren cuentas bancarias en países occidentales. Son quienes buscan atención médica en hospitales occidentales cuando su salud se complica. Son quienes invierten su dinero y construyen su futuro precisamente en aquellas sociedades que públicamente critican. Si realmente creen que Occidente es el enemigo de África, ¿por qué depositan allí todo aquello que consideran valioso? La respuesta es evidente: porque ellos mismos saben perfectamente dónde funcionan las instituciones, dónde existe seguridad jurídica y dónde se respetan las libertades fundamentales.
La realidad es que el mundo actual sigue dividido entre diferentes modelos políticos y económicos. Por un lado encontramos a las democracias liberales occidentales, con todos sus defectos e imperfecciones. Son sociedades donde existen elecciones competitivas, libertad de expresión, independencia judicial, protección de derechos individuales y economías abiertas que favorecen la innovación y el emprendimiento. No son paraísos. Tienen desigualdades, tensiones sociales y problemas graves. Pero poseen algo que las distingue de la mayoría de los sistemas autoritarios: mecanismos para corregir errores y exigir responsabilidades a quienes gobiernan.
No es casualidad que esas sociedades concentren buena parte de la riqueza mundial, de los avances científicos, de las mejores universidades y de los mayores niveles de bienestar. La prosperidad no surge por accidente. Surge allí donde las personas pueden pensar libremente, crear empresas, innovar, competir y expresar sus opiniones sin miedo a terminar en una cárcel. La libertad por sí sola no garantiza el éxito, pero la ausencia de libertad suele garantizar el fracaso.
Frente a ese modelo encontramos otro muy distinto, basado en la concentración del poder político, la limitación de las libertades y la subordinación de las instituciones a una élite gobernante. En esos sistemas el Estado no está al servicio de los ciudadanos, sino que los ciudadanos terminan estando al servicio del Estado y, en muchos casos, de quienes controlan el Estado. La crítica se castiga, la oposición se reprime y la lealtad política vale más que el mérito o la capacidad.
Lamentablemente, Guinea Ecuatorial ha permanecido durante décadas más cerca de este segundo modelo que del primero. Y lo más preocupante es que se ha intentado convencer a la población de que esa situación representa una forma de soberanía o incluso de progreso. Se ha difundido la idea de que todos nuestros problemas son consecuencia de la acción de potencias extranjeras, especialmente de Occidente. Pero después de casi medio siglo de control absoluto del poder, resulta difícil sostener seriamente semejante argumento.
¿Quién administra los recursos petroleros de Guinea Ecuatorial desde hace décadas? ¿Quién diseña los presupuestos públicos? ¿Quién controla las instituciones? ¿Quién toma las decisiones fundamentales sobre el futuro del país? Evidentemente no son los europeos. La responsabilidad principal de la situación actual corresponde a quienes han gobernado el país durante todos estos años. Seguir culpando eternamente al colonialismo puede ser un discurso útil para la propaganda, pero no sirve para construir hospitales, mejorar escuelas, generar empleo o fortalecer instituciones.
De hecho, muchas veces se olvida que algunos de los símbolos de prosperidad que existieron en Guinea durante el periodo colonial, ejemplo el Hospital regional de Bata, considerada uno de los mejores hospitales del África Subsahariana, hoy el peor de los hospitales y eso porque desaparecieron bajo gobiernos nacionales que prometían un futuro mejor. Hoy resulta difícil encontrar sectores productivos capaces de sostener la economía cuando el petróleo deje de ser la principal fuente de ingresos. La dependencia económica es enorme, las oportunidades son limitadas y la juventud contempla el futuro con incertidumbre.
Y sin embargo, los mismos responsables de esta situación continúan presentándose como defensores del pueblo frente a enemigos externos. Es una estrategia política tan antigua como eficaz: cuando no se puede justificar el presente, se busca un culpable en el pasado.
Pero hay una realidad imposible de ocultar. Si preguntamos a los propios africanos dónde desean vivir, estudiar o trabajar, la respuesta suele ser muy clara. Millones de personas intentan emigrar cada año hacia Europa, Estados Unidos o Canadá. Arriesgan sus vidas cruzando desiertos y mares porque creen que allí encontrarán algo que no encuentran en sus países de origen: oportunidades, seguridad, libertad y un futuro mejor para sus hijos. Las selecciones de fútbol del viejo continente están ganando mundiales, gracias a los hijos de africanos que sus padres no tuvieron oportunidades en sus país y tuvieron que emigrar, mientras los países africanos, países de orígenes de sus progenitores no han logrado superar ni los octavos de final es de un mundial y si hoy se acercan a un poco más, es porque muchos de los jugadores de las selecciones nacidos en países occidentales han tomado la decisión de defender los colores de los países de sus progenitores.
No observamos movimientos migratorios masivos hacia Corea del Norte. No vemos largas filas de europeos intentando instalarse en Venezuela. No encontramos multitudes arriesgando sus vidas para llegar a Irán o a Cuba, ni siquiera a Rusia y China. Las personas, en general, se dirigen hacia los lugares donde perciben más posibilidades de prosperar. Los movimientos migratorios son probablemente el referéndum más sincero sobre la calidad de los sistemas políticos.
Por eso me cuesta entender que algunos dirigentes africanos insistan en acercar a sus países a modelos políticos que ellos mismos evitan para sus propias familias. Existe una doble moral evidente. Mientras los hijos de las élites disfrutan de universidades occidentales y de todas las ventajas de las sociedades abiertas, a los hijos de los ciudadanos corrientes se les ofrece un discurso basado en el resentimiento, la confrontación y la victimización permanente. Les envían a Cuba, Venezuela, Rusia, Marruecos a estudiar.
La historia demuestra que las dictaduras pueden mantenerse durante mucho tiempo, pero también demuestra que rara vez construyen sociedades verdaderamente desarrolladas. Pueden levantar edificios, organizar desfiles militares y controlar los medios de comunicación, pero tienen enormes dificultades para generar ciudadanos libres, creativos y responsables. Allí donde el miedo sustituye a la libertad, la iniciativa individual termina debilitándose. Y cuando desaparece la iniciativa individual, desaparece también la capacidad de innovar, emprender y progresar.
Por eso el verdadero desafío de Guinea Ecuatorial comenzará el día en que termine la era de Obiang. Ese momento llegará tarde o temprano, como llegan todos los cambios históricos. Y cuando llegue, la cuestión fundamental no será quién ocupa el poder. La cuestión realmente importante será qué modelo de país queremos construir.
Porque sustituir a una persona por otra no resolverá nada si se mantienen intactas las mismas estructuras políticas y culturales. Lo que Guinea necesita no es un nuevo hombre fuerte. Lo que necesita son instituciones fuertes. Necesita jueces independientes, una prensa libre, una economía abierta a la iniciativa privada, una administración profesional y ciudadanos capaces de expresar sus opiniones sin miedo.
Durante demasiado tiempo se ha intentado convencer a los guineanos de que la libertad es peligrosa y de que la democracia es un lujo reservado a otros pueblos. Pero la libertad no pertenece a ninguna región del mundo. No es occidental ni oriental. Es una aspiración humana universal. Lo mismo ocurre con la dignidad, la justicia y los derechos fundamentales.
Por eso estoy convencido de que, cuando llegue el momento de abrir una nueva etapa en nuestra historia, Guinea Ecuatorial deberá volver al lado correcto de la historia. No por obediencia a ninguna potencia extranjera ni por imitación de otros países, sino porque ningún pueblo puede prosperar indefinidamente sin libertad, sin instituciones sólidas y sin ciudadanos capaces de decidir su propio destino.
Ese será el verdadero reto del futuro: abandonar definitivamente la cultura política del poder absoluto y construir una nación basada en la responsabilidad, la libertad y el Estado de derecho. Solo entonces podremos empezar a desarrollar todo el potencial que nuestro país lleva demasiado tiempo desperdiciando.
Fuente: Crispin
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