Con 19 días de diferencia, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado dos autos con instrucciones que difieren radicalmente entre sí en relación con la investigación del secuestro y encarcelamiento de cuatro miembros de la oposición al autócrata Teodoro Obiang en Guinea Ecuatorial. El día 10 de diciembre el auto requería la detención policial de los investigados y su puesta a disposición judicial, pero, sorpresivamente, el día 29 el mismo juez emitía un auto que corregía el anterior, levantaba el secreto y dictaba la entrega de la querella judicial a los investigados para que pudieran procurarse una defensa legal, entre ellos uno de los hijos de Teodoro Obiang, Carmelo Ovono. La consecuencia inmediata fue su huida a las pocas horas del país, momento a partir del cual la acción de la justicia española será inútil. La investigación empezó por la denuncia de los familiares de cuatro secuestrados —dos españoles y dos ecuatoguineanos— en Sudán del Sur, en noviembre de 2019, y su traslado en el avión presidencial de Teodoro Obiang a Guinea, donde fueron encarcelados, presuntamente torturados y sentenciados a condenas de por vida en la cárcel, sin que Malabo llegase a reconocer siquiera ante la Embajada de España que estaban detenidos.

Según la investigación desarrollada durante más de un año por la Comisaría General de Información de la Policía, el secuestro de esas cuatro personas, miembros del opositor Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial III República, fue ordenado y dirigido, además de por Carmelo Ovono Obiang, secretario de Estado de Seguridad Exterior y jefe del servicio secreto, por Nicolás Obama Nchama, ministro de Seguridad Nacional, e Isaac Nguema, director general de la Seguridad Presidencial. Los tres querellados están investigados por un delito de secuestro con finalidad terrorista y torturas. El patrón común detectado por la policía dibuja un método por el cual los opositores residentes en Europa eran engañados con viajes a países africanos donde eran secuestrados, conducidos a Guinea, juzgados sin garantías y encarcelados. El último informe policial califica el operativo como una “persecución sistemática y organizada tanto en el interior como en el exterior de Guinea Ecuatorial” contra la oposición a Obiang.

El juez Pedraz es soberano para decidir, y ahí no hay discusión. Sí resulta inexplicada la variación de criterio —no compartida por la Fiscalía ni por la policía— en el caso de un secuestro dictado por razones políticas y de consecuencias nefastas para los opositores democráticos, con evidente riesgo de su integridad hoy en las cárceles de Obiang. La investigación de la policía ha contado con los testimonios de dos testigos protegidos y la ayuda de un exfuncionario de prisiones, que ha huido de Guinea. Pero ha quedado en nada, sin que sea posible hoy hallar explicación al hecho de que el propio juez Pedraz dictase un auto el 29 de diciembre que omitía el riesgo que él mismo señalaba en su auto del día 10: que los investigados eludiesen la acción de la justicia, como así ha sido. El parentesco directo de Carmelo Ovando con Teodoro Obiang convierte en más necesaria la información transparente sobre las causas de un cambio de criterio tan rotundo sobre la investigación de un secuestro de cuatro personas condenadas a penas de cárcel de entre 70 y 90 años para cada uno de los opositores democráticos contra la autocracia de Obiang.