Estimados Sres.,

Ante las graves acusaciones que en los últimos días se han arrojado contra mi persona, creo que es imprescindible que la verdad de este asunto sea conocida. 

El 1 de junio de 2012, D. Bienvenido Esono Engonga en representación de Ceiba Intercontinental suscribió un contrato para el mantenimiento mayor de Aeronaves ATR72/42, en ese momento propiedad del Gobierno de Guinea Ecuatorial, a pesar de que en el Contrato se dice que son de Ceiba y habiendo sido revisado por el Sr. Sergio Tomo, del que también figura su visto bueno.

No obstante, estas aeronaves pasaron a ser propiedad de Ceiba Intercontinental, y por tanto dejaron de estar adscritas al Gobierno de Guinea Ecuatorial, por escrito de la Presidencia de la República nº. 297, de 26 de enero de 2015, por el que se ordena el traspaso de las aeronaves a la Compañía Ceiba intercontinental GE, S.A. El acta de ejecución de este mandato donde de forma específica constan los aviones quedó anexa al acta del Consejo de Administración de la compañía que se elevó a público por D. Fernando Engonga Obama, Notario de Malabo, el 22 de noviembre de 2017, bajo el número 4.943 de su protocolo e inscrita en el Registro Mercantil de Malabo.

El 25 de mayo de 2016, antes de que yo fuera designado Director General Adjunto de Ceiba Intercontinental, el avión ATR7212, matrícula 3C-LLI, repito propiedad ya de la Compañía Ceiba Intercontinental, fue enviado al aeropuerto de Gran Canaria, en Telde (Las Palmas), sin que en ese momento existiese una avería de la aeronave o una revisión pendiente. 
La deuda que Ceiba Intercontinental mantenía con Binter por servicios de mantenimiento anteriores a esa fecha ascendía en ese momento a 2.678.392,06€, pese a que en el contrato se dice claramente que pueden haber retrasos en el pago.

Desde su aterrizaje hasta el 28 de julio de 2016, la aeronave se mantuvo en la pista con labores básicas de mantenimiento dado que Ceiba Intercontinental no pagaba su deuda, ni tampoco daba ninguna explicación de porqué la aeronave había sido llevada hasta allí. 
El 14 de junio de 2016 los motores de la aeronave son desmontados para remitirse al fabricante dado que debían ser objeto de mantenimiento. 
La falta de pago a Pratt & Whitney provoca que los motores no regresen a Las Palmas, y dificulta seriamente la preservación de la aeronave.

El 1 de julio de 2016, los Sres. Patrice Kabore y Rita Mueda son informados por Binter, de que siguiendo sus propias instrucciones el avión LLI ha sido canibalizado para poder sacar adelante la inspección del avión con matrícula LLH. El 13 de enero de 2017, el Sr. Pablo Alves escribe literalmente a Binter que “la alta Administración de Ceiba” está conforme en la canibalización del avión en beneficio de la aeronave LLH, por lo que también las ventanillas del avión son retiradas. 
A partir de ese momento, el deterioro obviamente de la aeronave se incrementa de una forma exponencial, ya que se suceden las órdenes desde Ceiba Intercontinental a Binter para que se vaya desmantelando la aeronave progresivamente, lo que conlleva el consumo de las horas de ingeniería que en un principio debían destinarse al mantenimiento de la aeronave a esa canibalización. 
Todo ello reflejado en e-mails entre ambas compañías y en las órdenes que se mandan desde el departamento de mantenimiento de Ceiba Intercontinental.

En octubre de 2018, ya siendo Director General Adjunto recibimos una reclamación de pago por parte de Binter, al parecer desde 2017 la compañía adeudaba 1.493.330,37€, por 10 facturas generadas entre 2016 y 2017 por los trabajos descritos anteriormente que no habían sido abonadas, así como los gastos de alquiler del espacio ocupado por el avión en el aeropuerto propiedad de AENA y que ascendían a 9.000€/mensuales, acumulados desde julio de 2016 momento en que la aeronave había aterrizado. 
El estado de la aeronave era terrorífico, motivo por el que se solicitó a la constructora, la propia empresa ATR que se desplazara al aeropuerto y realizase una valoración de la aeronave. 
El informe de esta empresa donde constan fotos de cada uno de los elementos dañados de la aeronave concluye que sólo las piezas de repuesto necesarias para su reparación supondrían un coste superior a 4 millones de euros. 

Después de un intenso debate con Binter, a quien Ceiba Intercontinental intenta hacer responsable del deterioro de la aeronave por desconocimiento de las órdenes de su propio equipo de ingenieros, el 5 de agosto de 2019, se ordena desde la Presidencia de la compañía que una comisión mixta con técnicos de la empresa Aeromec y de Ceiba Intercontinental se dirija de nuevo a Canarias para valorar in situ las posibles soluciones al problema. 

El 28 de octubre de 2019, se emite un informe por esta comisión en el que queda clara la responsabilidad de Ceiba Intercontinental, de acuerdo con el devenir de los acontecimientos probado por los e-mails, los partes de trabajo y los informes de los diferentes ingenieros que han revisado la aeronave.
 
Esta información es trasladada al Consejo de Administración, quien en su reunión recibe un mapa de decisión con las diferentes opciones que urge adoptar, dado el elevado coste de mantener la aeronave en el aeropuerto. 
En concreto, el documento plantea: 
1. Reparar la aeronave cuyo coste sin mano de obra ascendía a 4.395.300$.
2. Vender la aeronave y negociar que la empresa adquirente se encargase de su desguace. 
La conclusión de este Consejo fue recabar ofertas de venta dado que la compañía no podía afrontar el coste de reparación de la aeronave. 

Sin embargo, en marzo de 2020, estalla la pandemia y AENA exige a Ceiba Intercontinental que retire la aeronave dado que no paga, el espacio es necesario para otras compañías que operan en Canaria, y existe un riesgo mediambiental por el elevado deterioro de la aeronave. 
En caso de no dar contestación y no proceder a su retirada, la propia AENA efectuará el proceso de desguace con cargo a Ceiba Intercontinental.

Entre marzo de 2020 y diciembre de 2020, se remitieron infinidad de correos a los dirigentes de Ceiba Intercontinental, pero también al Ministerio de Aviación Civil, urgiéndoles a tomar una decisión que además podía aliviar la grave situación de deudas en la que se encontraba Ceiba Intercontinental. 
El balance de situación de la Sucursal a 31 de diciembre de 2020, presentado en el Registro Mercantil en España, arroja una deuda con proveedores de 866.196,14€, sin contar la deuda acumulada con la Administración, ni con los trabajadores, quienes habían sido abandonados, literalmente a su suerte en España y que menos mal habían sido amparados por los abogados españoles a través de un ERTE que tramitaron a su propia costa, dado que Ceiba tampoco les pagaba, y que seguían renovando, con la finalidad de que estas personas cobraran de la Seguridad Social española.

 Aunque la Compañía había decidido no pagar tampoco a la Administración Español, ni a la Seguridad Social, ni a la Administración Tributaria. 
En definitiva era cuestión de tiempo, que las noticias se hicieran eco de que la primera sucursal constituida legalmente en España, de una empresa pública ecuatoguineana, estaba defraudando a la Administración española.
 
Por lo que, siendo la única persona con capacidad para firmar por la sociedad, dado que los Directores Generales posteriores a mí, no se habían preocupado por inscribir su cargo en los Registros Mercantiles competentes, de Guinea Ecuatorial y España, me vi en la obligación de salvaguardar los intereses de la Compañía Ceiba Intercontinental y por supuesto de mi país, y autoricé el desmantelamiento de la aeronave a cambio de 250.000€ que utilicé en el pago a AENA, de lo que se encargó Binter directamente y del resto de proveedores, en especial aquellos ya habían iniciado acciones judiciales contra la empresa y que tenían un titulo de ejecución contra la misma. 

No me arrepiento de ninguna de las decisiones que he tomado, como ya manifesté tomé la decisión en conciencia y con responsabilidad de Estado. 

Así pues, en aras a preservar el buen nombre de nuestro Estado, exijo que cese esta campaña de desprestigio contra mi persona, porque entiendo que esta persecución es cínica y sólo puede provocar un mayor daño a la imagen de nuestro país si sigue la escalada de desacreditaciones, pues, como ya he dicho yo siempre he tenido a bien guardar muy bien todos los documentos de los que he tenido conocimiento, tanto los que demuestran mi decisión , como aquellos que pueden demostrar la culpabilidad de muchos otros, pero repito que sólo eso servirá para alimentar la prensa europea ávida de poder seguir difundiendo noticias negativas de nuestro país, de las que yo al menos siempre he intentado preservarlo mediante una actitud discreta y comedida.