MADRID, 24.10.2000 (EFE).- El Gobierno todavía no ha cumplido el mandato que le encomendó en 1995 la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso para estudiar cómo compensar a los residentes españoles en Guinea Ecuatorial que tuvieron que abandonar el pais tras la descolonización, debido a las dificultades técnicas que ha encontrado.

En una respuesta parlamentaria dirigida al diputado de CiU Jordi Jané, a la que ha tenido acceso Efe, el Ejecutivo asegura que en el Ministerio de Asuntos Exteriores se han reunido en los últimos años varios grupos de trabajo, aunque ha sido imposible elaborar el censo sobre el cual deberían articularse las medidas compensatorias oportunas.

La iniciativa parlamentaria aprobada en 1995 hablaba de ´ciudadanos españoles´, lo que, según el Gobierno, parece dejar fuera las reclamaciones presentadas por empresas, que constituyen casi un veinte por ciento del total y suponen el cincuenta por ciento de las cantidades reclamadas.

Asimismo no se especifica qué momento debe tomarse como referencia para la elaboración del censo, ya que primero se habla de españoles que se vieron obligados a abandonar sus bienes y propiedades como consecuencia de la descolonización y, más adelante,la misma proposición se refiere a compensaciones a los ciudadanos que abandonaron sus bienes tras el
deterioro de las relaciones políticas entre España y su antigua colonia.

No se sabe pues el Gobierno si deben incluirse en ese censo a las personas que dejaron el pais en momentos posteriores a la descolonización.

El citado censo se ha intentado redactar sobre la base de las reclamaciones en poder de la Administración, que incluyen el listado de antiguos propietarios que forman parte de la ´Comunidad de Españoles con Intereses en Africa´, el listado que posee el Ministerio de Asuntos Exteriores con las personas que en algún momento han pedido una
indemnización y un tercer listado que tiene el Ministerio de la Presidencia.

La dificultad de cruzar y cotejar la información se agrava, según apunta el Ejecutivo, por la inexistencia de un listado oficial de residentes españoles en Guinea en el momento de la descolonización, necesario para comprobar la veracidad de los datos aportados por particulares.

Además, el grupo de trabajo encargado de esta tarea ha señalado la necesidad de dar publicidad en el BOE y ´generaría unas espectativas de caracter económico en los posibles solicitantes y tendría por lo tanto unas repercusiones de carácter político que parecen exceder´ el mandato dado por el Congreso al Gobierno.

Así, añade el Ejecutivo en su respuesta parlamentaria, ´lo que en un principio parecía únicamente un mandato de carácter instrumental, de una gran complejidad técnica, ha alcanzado una dimensión política, económica e incluso jurídica que ha impedido hasta la fecha su culminación´.

Fuente: EFE

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