El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón fue inhabilitado en un "proceso arbitrario" cuando instruía el caso Gürtel, y pide a España "una reparación efectiva" porque el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia.

La resolución del organismo, adelantada por eldiario.es y a la que ha tenido acceso Efe, concluye que el alto tribunal no observó las preceptivas garantías de un proceso judicial cuando en 2012 condenó a Garzón a 11 años de inhabilitación por ordenar que se interceptaran las comunicaciones que mantuvieron los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados. El Comité de Derechos Humanos de la ONU entiende que el proceso judicial que fue "arbitrario" y critica que el magistrado fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir.

El dictamen exige al Estado español una "reparación integral" a Garzón, que borre sus antecedentes penales y le proporcione "una compensación adecuada por el daño sufrido". Asimismo da a España seis meses para "garantizar una reparación efectiva" por los derechos lesionados.

"El Comité considera que la condena del autor fue arbitraria e imprevisible al no estar basada en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida", detalla el escrito. "El Estado parte tiene también la obligación de adoptar medidas para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro", añade.

El organismo desea recibir de España, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen, y que le de publicidad.

El exjuez recurrió al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas el 31 de enero de 2016 al considerar que la justicia española había atacado su independencia al abrir procedimientos penales contra él que le costaron su inhabilitación. La ONU admitió su denuncia en febrero de 2020 y ahora le ha dado la razón.