Agentes de la Policía Nacional han detenido en Gijón al abogado y empresario Alberto Rey Núñez por haber supuestamente blanqueado los supuestos pagos que recibió de altos cargos de Guinea Ecuatorial a través de un acuerdo para desarrollar la puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera. Se trata de un letrado estrechamente vinculado a la dictadura del estado africano, como informó NORTES en octubre de 2022 a raíz de los proyectos empresariales a través de la sociedad Pesconor que han llevado a la detención del abogado.
Los hechos que han motivado la investigación, indica la Policía, están relacionados con unos supuestos pagos entre el gijonés y altos cargos de Guinea Ecuatorial en contraprestación a un acuerdo de su empresa con el gobierno de dicho país para desarrollar un proyecto de puesta en marcha de una planta de transformación vinculada a la actividad pesquera en la isla de Annobón, un proyecto que fue revelado por los periodistas Mocache Massoko y Marcos García Rey en Moncloa.com.
Tal y como reveló este periódico en exclusiva, el verano pasado Pesconor organizó en Noreña, en colaboración con Asincar (Asociación de Investigación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias) una jornada de formación para quince supuestas trabajadoras de la fábrica de procesado de atún, que nunca llegó a iniciar su actividad. El proyecto de la construcción de este planta de transformación la está llevando a cabo Pesconor en colaboración Somagec, una empresa constructora marroquí con vínculos con la dictadura de Guinea Ecuatorial. En las últimas semanas, los habitantes de Annobón se han manifestado contra varios proyectos urbanísticos que está desarrollando Somagec en la isla; unas protestas que se han saldado con más de tres decenas de detenidos hasta la fecha.
En julio de 2014, Rey Núñez salió en defensa de un presidente “elegido democráticamente” en un artículo de El Confidencial como respuesta a un texto crítico con el Gobierno de Obiang. Escribió el empresario asturiano que “sus dirigentes, hombres y mujeres, trabajan con esfuerzo y pasión para construir un futuro en paz y prosperidad”. Varias empresas relacionadas con el emprendedor asturiano son beneficiarias de contratos en Guinea Ecuatorial. Rey Núñez dirige también el bufete Rey Núñez Abogados y es uno de los fundadores de Ava&Rey Abogados. En esta última empresa figuran como socios Magdalena Ava Bosoka, que ha ocupado “puestos relevantes” en el Ministerio de Hacienda de Guinea Ecuatorial, y Arturo Nguema Abogó, hermano del exministro de Hacienda César Augusto Nguema.
En la operación, que ha sido coordinada por la Audiencia Nacional, se han practicado dos registros en los que se han intervenido 30.000 euros en efectivo, y han sido también embargados cinco inmuebles valorados en más de cuatro millones y medio de euros y 21 activos financieros por valor de más de dos millones.
Al detenido se le atribuyen delitos de cohecho internacional tras haber presuntamente cometido delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental, ha informado este viernes la Dirección General de la Policía en una nota de prensa.
Dinero en efectivo incautado durante la operación FOTO: Europol
La empresa, de la que es administrador único el detenido, desde su apertura hasta 2020 apenas registró actividad comercial. Sin embargo, entre 2020 y 2022 registró dos ingresos por un importe total superior a los cuatro millones y medio de euros.
Ambas transferencias estarían relacionadas con el contrato firmado en enero de 2019 entre altos cargos de Guinea Ecuatorial y la empresa española para la puesta en marcha de una planta de transformación de productos pesqueros.
Dichos fondos se dispusieron mediante transferencias nacionales y la investigación de las cuentas bancarias puso de manifiesto que entre los beneficiarios de los mismos estarían personas relacionadas con el gobierno de dicho país.
La empresa no había realizado trabajos similares desde su constitución
En cuanto a la empresa mencionada, encargada del proyecto, los investigadores averiguaron que no habría realizado otros trabajos de carácter similar desde su constitución.
Pese a que el contrato entre el gobierno africano y la empresa española habría fijado un plazo máximo de ejecución del proyecto de dos años, no ha sido hasta este año 2024, tras una inspección de Hacienda, cuando comenzó a tener cierta operativa de desarrollo.
Todos estos indicios motivaron la presentación de la oportuna querella en la Audiencia Nacional en la que el Fiscal, en base a los informes aportados por los investigadores, solicitaba a la autoridad judicial las dos entradas y registro que se llevaron a cabo en Gijón.
Esta operación ha sido coordinada por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y por el Juzgado Central de Instrucción Nº 2 de la Audiencia Nacional. También se ha contado con especialistas de EUROPOL, que han dado apoyo a los investigadores a través del Grupo Anticorrupción del Centro Europeo contra el Crimen Económico y Financiero (EFECC).
