RAMÓN LOBO, ENVIADO ESPECIAL | Malabo
En Guinea Ecuatorial nadie está seguro de su libertad. Benedicto Nsé Ndong se halla preso desde marzo, tiene las manos rotas y sigue siendo magistrado del Tribunal Supremo. Ni siquiera los tres fiscales saben por qué se encuentra procesado en el supuesto intento de golpe de Estado. Su delito es haber criticado al ministro de Justicia, Rubén Mayé, hecho que él niega. A Bató, uno de los fundadores del PDGE, el partido gubernamental, y diputado de la Asamblea Nacional, le vinculan con la conspiración ´por haber realizado una comilona en honor de Felipe Ondó ´, en 1997. Bató declaró ayer que la fiesta consistió en almorzar un puerco espín. A Jesús Ndong, secretario general de la Conferencia Episcopal, le han tenido encerrado dos meses por su amistad con Ondó y por revisar la redacción de los estatutos del partido aún no legalizado Fuerza Democrática Republicana (FDR).
El juicio de Malabo está regado de irregularidades procesales y de casos de indefensión. La más grave es que tanto los fiscales como los cinco jueces dan por hecho que se tortura en los interrogatorios policiales, y en el caso de los primeros, dan plena verosimilitud a las declaraciones obtenidas por ese método. ´No sé si actúan así por ignorancia, malicia o miedo´, afirma uno de los abogados sobre la conducta del tribunal. Ayer, uno de esos fiscales se apropió la potestad de condenar y absolver sin que el presidente del tribunal, siempre presto a cortar toda referencia a las palizas -´eso nada tiene que ver con este caso´-, le llamase la atención.
Tras cuatro días de juicio en el cine Marfil de Malabo, donde desde 1979 se escenifica la justicia en este país, nadie ha presentado una sola prueba material: armas, resguardos de compras, planos de los acuartelamientos... Una ringlera de testigos maltrechos escalan a diario hasta el estrado a desdecirse de sus declaraciones policiales y algunos, como César, el hijo de Felipe, denuncian a este periodista nuevos golpes en el penal tras la declaración del sábado ante la sala. Los fiscales, cada vez menos quisquillosos, sucumben a la falta de sustancia de un caso que algunos tildan de ´político´.
En la primera fila de la descuajeringada bancada de la izquierda, el ministro de Justicia, Rubén Mayé, se afana en anotar en un dietario caducado los pormenores de una reunión en Bata, admitida por dos de los procesados, en la que se habló de impulsar la legalización de la FDR, el partido con el que Felipe Ondó deseaba concurrir a las urnas en 2003. Uno de ellos, Pablo, dijo que Ondó acarició la idea de presentarse como independiente si no había legalización, algo que al fiscal le pareció sospechoso, pues fabricó una cascada de preguntas sobre ese término que tantos recelos levantaba.
El jefe de la Seguridad Nacional, Manuel Nguema, sentado al lado de Mayé, parecía perplejo por la marcha de un macrojuicio que, de proseguir así, puede transformarse en otro muy distinto sobre los métodos del régimen. La preocupación de Plácido Micó, líder de la Convergencia para la Democracia Social (CPDS) -´Han tenido todo el domingo para fabricar algo nuevo´-, se hizo realidad con el último procesado, Isaac Mba Momsuy, ex comandante, que aseguró haber oído en febrero de boca de uno de los procesados que un golpe estaba en marcha. Tanto Mayé como Nguema, dieron un respingo y no disimularon su alegría por el testimonio. Aunque los defensores lograron socavar la credibilidad de Isaac, no consiguieron que se desdijera o cayera en contradicciones. ´Es un testigo preparado´, me advirtió un guineano: ´Se trata de un familiar de la mujer de Teodoro Obiang Nguema´. El juez, tras conversar por enésima vez en su teléfono móvil, levantó la sesión hasta hoy.
´Con un testigo así les basta para ir adelante con las condenas´, advirtió uno de los defensores. Al preguntar al ministro Mayé por la duración estimada del proceso, respondió: ´Habla con el presidente del tribunal´. Al insistir, espetó serio: ´¿Quieres tener problemas conmigo?´. En el otro extremo, en la bancada derecha de los procesados, un sargento que parecía Idi Amin daba un manotazo a Benedicto Nsé Ndong, juez del Supremo, cuando intentaba a duras penas escribir en un pedazo de papel. ´Éste es el sistema: cada cuatro años se instruye un proceso en el que se mete a gente del régimen y sólo la voluntad presidencial salva a unos y condena a otros; así nadie está a salvo y las lealtades se reafirman´, asegura un profundo conocedor del país.
Fuente: El País - ( 28.5.02)
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