Madrid, 27 may (EFE).- El Consejo General de la Abogacía acordó ayer transmitir al Gobierno de Guinea Ecuatorial su protesta por la medida adoptada por su presidente, Teodoro Obiang, de disolver el Colegio de Abogados de este país, obligando a los juristas a volver a solicitar una autorización para ejercer la abogacía.

El Consejo tomó esta decisión en la última sesión de su Comisión Permanente para exigir la restauración de ¨los principios de libertad e independencia en el ejercicio del derecho de la defensa¨ en el juicio que se sigue contra dirigentes y militantes de los partidos Fuerza Demócrata Republicana (FDR) y Convergencia para la Democracia Social (CPDS).

La Abogacía española pidió que se respeten ¨las garantías procésales de todo ser humano¨, en relación con las noticias acerca de las restricciones en el derecho de la defensa que se vienen observando en los juicios que se siguen en este país contra dirigentes y militantes del FDR y del CPDS por los delitos de atentado contra la seguridad del Estado, terrorismo, tenencia ilícita de armas, sabotaje y otros.

En opinión del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), esta medida ¨resulta contraria a derecho y a los más elementales principios jurídicos y democráticos¨, ya que ¨vulnera el derecho de defensa y libertad e independencia de los abogados guineanos como instrumento necesario para la defensa de los Derechos Fundamentales de las personas, principios que han de ser exigidos y respetados por todos los estados y bajo todas las condiciones¨.

Por otra parte, el Consejo General de la Abogacía de España manifestó su apoyo a Amnistía Internacional en su defensa de las mujeres condenadas a lapidación y en su lucha contra los castigos degradantes y mutilaciones, como en los casos ocurridos en Nigeria o Irán.

La Abogacía española exige a los gobiernos de estos países ¨la total erradicación de estas prácticas contrarias a cualquier respeto a los derechos humanos¨.

Para el presidente de la Abogacía española, Carlos Carnicer, ¨lograr la presión internacional es crucial para intentar poner fin a unas leyes que imponen penas de muerte, castigos inhumanos y penas degradantes¨. EFE



Fuente: EFE

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